El fallo del Tribunal Constitucional que desconoce la Constitución Política del Estado y los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016, ha originado movilizaciones ciudadanas en diferentes ciudades de nuestro país, con resultados violentos que han provocado la reacción de las fuerzas del orden.

Es compresible la indignación del pueblo por una decisión que excluye e ignora su voluntad expresada en un referéndum, pero no es aconsejable las reacciones violentas que, incluso, pueden ser provocadas por gente infiltrada, como ha sucedido muchas veces.

El derecho ciudadano a la protesta puede expresarse por medio de marchas, manifestaciones, redes sociales, medios de comunicación, demandas internacionales, etc., lo que, seguramente, será escuchado y conocido por el pueblo boliviano y por otros pueblos de nuestro planeta.

Se ha podido evidenciar que nuestra Nación se encuentra en la atención internacional, por las reacciones inmediatas al fallo del Tribunal Constitucional. Primero ha sido el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, continuando con el Canciller de Chile y terminando con el Departamento de Estado del Gobierno de Norteamérica.

Estas reacciones han sido calificadas como intromisión interna por parte de nuestras autoridades, las que han manifestado su firme decisión de continuar adelante y presentar al actual Presidente del Estado a una cuarta reelección el 2019.

Al parecer no se toma en cuenta que la mala experiencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua, países en los que se entronizó la dictadura y la violación de los derechos humanos, ha debido llamar la atención y la decisión para evitar que otra nación latinoamericana ingrese en el mismo camino.

Seguramente en los próximos días tendremos más noticias externas sobre este caso e, incluso, pronunciamientos que pueden conllevar medidas restrictivas contra Bolivia, para que se retorne a la constitucionalidad que ha sido quebrada por una resolución de un organismo que ha preferido orientarse en favor de un sistema político y no defender la Carta Magna, como es su obligación.

Si es evidente que la protesta no puede parar, esta no puede ir por el camino de la violencia, ya que por ese camino solamente se alimentará una estrategia en la que se asegure que en Bolivia ha germinado un movimiento subversivo financiado por gobiernos extranjeros, dando paso a la represión y a medidas judiciales y de fuerza.

Nos encontramos en la disyuntiva de presionar por la reversión de ese fallo y a la prevalencia de la Constitución y a una sola reelección para los Mandatarios, o a aceptar las propuestas de algunos para que los bolivianos opuestos al régimen se preparen para las elecciones del 2019, a fin de dirimir el apoyo popular frente al candidato oficialista.