El 5 de diciembre, se tratará la solicitud presentada por la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (FODHJ) y la Fundación de los Derechos Humanos (HRF) contra el Estado boliviano para tratar la sentencia del Tribunal Constitucional 084/20187 que permite la reelección indefinida de autoridades, argumentando que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos están por encima de la Constitución Política del Estado.

Sus detractores argumentan que la convención defiende los derechos de los ciudadanos y no de las autoridades. Por el fallo del Tribunal Constitucional, el presidente Evo Morales y el vicepresidente, Álvaro García Linera y todas las autoridades electas pueden volver a postularse como candidatos a pesar de que la Constitución define que solo es posible una reelección y que su modificación fue rechazada por el referéndum del 21 de febrero de 2016.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.