Lindo sería que algunos nombres y apellidos coincidieran con las acciones de quienes los llevan: “Paz”, “Justo”, “Leyes” o “Benigno”. No es el caso del presidente Evo Morales ya que, pese a calificar su accionar como “democrático”, no respeta el principal fundamento moral de la democracia: “¡la voluntad de la mayoría ciudadana es el origen, sustento y razón de ser del sistema político!”.

La ética y sus extensiones morales son exclusividad de los humanos respecto a otras especies animales y llegan también a la política, especialmente a la democracia, que tiene en el respeto entre todos y en el consenso derivado, su principal cimiento ético.

Toda conducta política armónica con tales principios es ética y moralmente correcta, lo que la Filosofía Política denominó como “legitimidad”.

El concepto de “legitimidad” es, entonces, de raigambre moral. Lo “legal” (las leyes) debe ser consecuencia de lo “legítimo”, pero, lamentablemente, no suele ser así.

Es lo que sucedió, por ejemplo, en 1989, cuando Jaime Paz Zamora fue elegido presidente, pese a ser tercero en la votación y con solo 21 por ciento de apoyo ciudadano, es decir, sin el consenso mayoritario. “Legítimo” no era, pero “legal” sí, ya que la Ley Electoral aprobada con antelación a los comicios, establecía que el presidente podría ser elegido por el congreso entre los tres candidatos de mejor puntaje.

Hoy estamos ante la posibilidad de igual desacople, pese a que, como ya se dijo, la primacía debe corresponder siempre a lo ético-moral: lo legítimo sobre lo legal. La mayor parte de la ciudadanía boliviana, como fuente y propietaria del poder político en democracia, aprobó, mediante referéndum, la nueva Constitución Política del Estado (2009) y después, también con referéndum (2016), negó modificarla en su Art. 168 que prohíbe la tercera re-elección presidencial.

Ambas determinaciones ciudadanas constituyen verdadero mandato ético-moral que la jurisprudencia y toda persona o entidad que se diga “democrática”, debe acatar. No hacerlo – bajo el marco filosófico aquí explicitado- es ilegítimo, por tanto, inmoral.

En Bolivia, existe un Tribunal Constitucional que es el encargado, precisamente, de velar y asegurar el cumplimiento de los artículos constitucionales.

Sin embargo, un arbitrario actuar del Gobierno, de manera a-posteriori y contraria a los resultados del último referéndum, utilizando el dominio autoritario que tiene sobre órganos estatales, que debieran ser independientes, distorsiona la labor constitucional de ese tribunal y le otorga inventadas facultades exclusivas para modificar la Constitución. ¡Flagrante violación a los principios ético- morales, filosóficos, doctrinarios y legales que sustentan a la democracia!

Igual de chocante, falaz y hasta irónico, es que el Presidente, mientras por un lado desobedece el mandato ciudadano, por otro, convoca a defender la “democracia”, como lo hizo el pasado 10 de octubre, fecha en la que se recuerda la recuperación democrática en el país, en 1982.

Son comportamientos que conllevan la más grave falta moral contra la democracia: creer que la verdadera dueña y soberana del poder político – la ciudadanía- es una masa sub-estimable, subyugable o, peor, estúpida. Inmoralidad respecto a valores democráticos en alguien que, paradójicamente, apellida “Morales”.