La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó para el 5 de diciembre la audiencia en la que escuchará los argumentos en contra de la reelección del presidente Evo Morales, ante lo que el Gobierno indicó que el fallo en este caso no interferirá en la premisa del Primer Mandatario de postular en 2019.

“Estado de derecho, independencia judicial y derechos políticos” son los temas con los que está etiquetada la audiencia solicitada por la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (FODHJ) y la Fundación de los Derechos Humanos (HRF) en contra del Gobierno, según el programa del 170 periodo de sesiones de la CIDH.

La cita está fijada para el 5 de diciembre, de 14:30 a 15:30, en Washington; y además de las dos fundaciones está citado el Estado de Bolivia.

Al conocerse la convocatoria, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la audiencia en la CIDH, pero remarcó que en este tipo de audiencias, el órgano que es parte de la estructura de la Organización de los Estados Americanos (OEA) "no adopta decisiones sobre el tema abordado".

Sin embargo, el embajador de Bolivia ante la OEA, José Alberto Gonzales, indicó que tras la audiencia, la CIDH elaborará un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emitirá recomendaciones de acuerdo con la solicitud planteada por las fundaciones, que tendrán 15 minutos cada una para exponer sus denuncias.

El Gobierno también tendrá otros 15 minutos para responder a las observaciones sobre la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) 084/2017 que abre las puertas a la repostulación indefinida de Morales.

Todavía no se definió qué autoridades nacionales serán parte de la comitiva del Gobierno ante la CIDH, informó el embajador. 

COINCIDENCIA CON PROTESTAS POR EL 21F

El 6 de diciembre, un día después de que se celebre la audiencia de la CIDH, ocho departamentos del país protagonizarán un paro cívico en defensa de los resultados del 21F. ¿Cómo toma el Gobierno esta situación?

"Es una casualidad, no hay otra forma de verlo, la Comisión tiene por práctica realizar sus audiencias cada tres a cuatro meses, se realizó una en Colorado el 1 de octubre", dijo Gonzales en contacto telefónico con El Deber.

Entre 2017 y 2018, se presentaron ante la CIDH, dos solicitudes de aplicación de medidas cautelares en contra del Gobierno, en reclamo por la repostulación presidencial que el oficialismo defiende a partir de la cuestionada sentencia del TCP que se sustenta en una interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, pese a que la Constitución lo prohíbe y a la victoria del No a la reelección en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

En agosto de este año, se conoció que una de las solicitudes de medidas no tuvo éxito.