La audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el 5 de diciembre a las autoridades del Estado boliviano y delegados de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (Fodhj), coinciden con las medidas de presión que se realizarán en Bolivia, dijo el embajador de Bolivia ante la OEA, José Alberto Gonzáles.

El paro cívico convocado por ocho departamentos para el 6 de diciembre de este año, un día después de la sesión especial en la CIDH.

"Es una casualidad, no hay otra forma de verlo, la Comisióntiene por práctica realizar sus audiencias cada tres a cuatro meses, se realizó una en Colorado el 1 de octubre", dijo en contacto telefónico.

Informó que dado el tiempo en el que fue informado sobre esta audiencia, el Gobierno no definió aún qué autoridades viajarán a Washington para defenderse de la denuncia que presentaron los delegados de Fodhj.

El también expresidente del Senado, explicó que los representantes gubernamentales tendrán 15 minutos para explicar todo el proceso legal que se siguió en Bolivia hasta llegar a la sentencia constitucional 084/2017 que es el objeto de la denuncia que presentaron los activistas ante la CIDH.

De acuerdo con la explicación de la abogada internacionalista, Karen Longaric, la Comisión cumple una labor investigativa y de esta audiencia sacará sus propias conclusiones y elaborará un informe ante la Corte Internamericana de Derechos Humanos y será ese alto tribunal el que defina el inicio de un juicio contra el Estado Boliviano y añadió que es la única instancia que puede dictar medidas cautelares que piden los del FODHJ contra la repostulación de Morales.

El embajador ante la OEA aseguró que esta instancia solo puede dar recomendaciones al Estado.