La audiencia convocada para el 5 de diciembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en la que se debatirá sobre la reelección indefinida del presidente Evo Morales, será la oportunidad para que dos fundaciones de derechos civiles del país soliciten “acciones inmediatas y urgentes” para evitar la habilitación de la candidatura del jefe de Estado para las elecciones de 2019.

El director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (Fodhj), Rubén Darío Cuéllar, que es uno de los accionantes, afirmó que la “opinión consultiva” para anular el fallo del Tribunal Constitucional que habilitó la candidatura de Morales será la prioridad durante la audiencia que se celebrará en Washington, tres días antes de que el Tribunal Supremo Electoral ratifique o no al binomio del MAS.

“La comisión interpone, cuando el caso amerita, una solicitud de opinión consultiva y esa opinión tiene validez jurídica, es vinculante y de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este caso para Bolivia”, explicó Cuéllar.

Sin embargo, el embajador de Bolivia ante la OEA, José Alberto Gonzales, replicó que este tipo de audiencias es solo para escuchar a las partes en un lapso de tiempo rígido, pero no hay decisión.

“La CIDH básicamente recibe información sobre la situación de derechos humanos y otros temas que tienen que ver con el país; eventualmente, si considera pertinente, emite algún tipo de recomendación para respeto y goce de derechos humanos, eso está establecido en el reglamento”, dijo en contacto telefónico.

No obstante, Cuéllar insistió en que después de exponer el caso, existe un periodo de petitorio y será en ese momento que solicitarán las medidas urgentes “para que se haga prevalecer los resultados del referéndum del 21-F”.

“Reelección en Bolivia, la sentencia 84/17 y la Convención Americana” es el nombre de la demanda que tratará la CIDH y aunque en la convocatoria figuran dos fundaciones: Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (Fodhj) y Fundación de los Derechos Humanos (HRF), Cuéllar dijo que solo es la primera y que fue apoyada por una fundación en EEUU.

Las coincidencias

Ese mismo día, mientras se realice la audiencia en Washington, los comités cívicos del país se alistan para la ejecución del paro cívico convocado para el 6 de diciembre para exigir el respeto al voto del 21-F, cuando la mayoría optó por el No a la reelección de Morales y de García.

El paro cívico y la audiencia convocada por la CIDH fueron una coincidencia porque las audiencias públicas se realizan cada tres o cuatro meses, señaló el embajador Gonzales.

De acuerdo con el calendario electoral, hasta el 28 de noviembre deben registrarse todos los candidatos que participarán en las primarias electorales y el 8 de diciembre, tres días después de la sesión de la CIDH, el Órgano Electoral se pronunciará sobre la habilitación de candidatos.

El 6 de diciembre está también previsto que arriben a la sede de Gobierno dos marchas que saldrán, el 1 de diciembre, de la localidad altiplánica de Konani y otra que fue anunciada ayer y que debería salir de la simbólica comunidad de Chaparina, donde fueron reprimidos los indígenas en septiembre de 2011. Esta última columna fue convocada para el 27 de noviembre.

No hay nada

Para los legisladores del oficialismo, la sesión de la CIDH no tendrá mayor incidencia en las candidaturas. El presidente del Senado, Milton Barón, dijo que la misma será solo de carácter informativa y que no existe ninguna posibilidad de truncar la repostulación de Morales.

En esa misma línea, el diputado Lino Cárdenas afirmó que en caso de que la demanda llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un juicio de esa naturaleza puede demorar un decenio, por lo tanto no existe ninguna posibilidad de frenar el actual proceso electoral.

Sin embargo, el diputado Víctor Borda dijo que están analizando las consecuencias de esa audiencia y recordó que ningún tribunal internacional puede avasallar el ordenamiento jurídico de un país, que al final decide de forma interna sus normas.

Los masistas prefieren no hablar del peor escenario que sería la inhabilitación de Evo Morales.