Tomando como base esas ideas, nadie puede eludir que los conceptos de democracia y justicia van íntimamente unidos, tanto en la vida cotidiana como en la política. En nuestro país, desgraciadamente, existe un divorcio entre estos dos factores esenciales para la libertad y las garantías ciudadanas. Mientras crece en el ciudadano el sentimiento de pertenencia en la democracia y sus principios esenciales, las dudas sobre el sistema judicial se amplían, y ni siquiera la esperanza de cambios ha mitigado esta apreciación que se nutre de una experiencia funesta del manejo judicial que ha merecido duras críticas tanto el gobierno como de la oposición.

Efectivamente, en la percepción ciudadana, las elecciones de magistrados en ningún momento ofrecieron garantía de independencia judicial, menos certeza de idoneidad. En cambio, mientras los temores sobre las desviaciones de la justicia crecen, el sentimiento ciudadano de apoyarse en los principios democráticos para defender el estado de derecho gana convicciones.

Las bases que sustentan la democracia ofrecen un timón al ciudadano consciente, que sabe que cuando se vulneran estos principios, peligran las libertades y se corre el riesgo de vulneraciones a los derechos de las personas. Lamentablemente, en los últimos años se han presentado factores de distorsión pese a que encuentran en el ciudadano diversas formas de reproche. De todas maneras, es innegable un avance en la consolidación de la conciencia ciudadana que cada día es más contestaría al abuso del poder.

En nuestro país, ha habido un ascenso de la participación popular, se han abierto las válvulas para que los ciudadanos, sin excepciones de condición económica y social participen activamente en la vida nacional. Inclusive se ha abierto la posibilidad del control social, aunque este recurso se ha distorsionado haciéndolo excluyente para la oposición. Pese a ello, los movimientos sociales se presentan cada vez más exigentes y movilizados, en demanda de mejores condiciones de vida y respeto a sus derechos. Los ejemplos son muchos de instituciones, agrupaciones ciudadanas, organizaciones indígenas y hasta de ciudades que se tornaron contestatarias al influjo de organismos que inicialmente apoyaban al gobierno de Evo Morales y que hoy están al frente. Estos movimientos, que cada vez son más críticos, no nacen en la oposición. Esta actitud contestataria dice mucho sobre la conciencia popular en torno a los derechos ciudadanos. Ya la gente no acepta ser manejada verticalmente.

Por ello es que las elecciones del pasado domingo, así como el referendo sobre la reelección presidencial, y otras consultas populares, adquieren una connotación adicional a su objetivo principal. Muestran la posición de los ciudadanos sobre todo el proceso de cambio y en torno a una serie de situaciones cuestionables.

La ciudadanía sabe que tiene en la democracia la oportunidad de expresar su sentimiento sobre cualquier cuestión, y es consciente que con el voto, deja señales claras y una dirección inequívoca de rechazo a la forma como se está actuando y a los empeños por vulnerar el ordenamiento legal del país. ¿Será que el voto nulo lleva un mensaje? El Gobierno debería valorar.