La oposición está desesperada. A pesar del gran respaldo mediático con el que cuenta para tergiversar los hechos de la realidad y de atreverse a instalar las llamadas noticias falsas cada que tiene una oportunidad, no ha podido ponerse de acuerdo para enfrentar, con una sola alianza, la decisión del pueblo de apostar por la continuidad del Proceso de Cambio a través del presidente Evo Morales.

Entonces, no le queda otra que recurrir a su aparato mediático para tratar de darle ánimo a sus seguidores. Para eso ha encontrado en la publicación del calendario de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la oportunidad para desinformar y generar incertidumbre sobre la coyuntura electoral en Bolivia.

Resulta que en su 170 período de sesiones, que se llevará a cabo en Washington del 1 al 7 de diciembre, la CIDH tiene programado escuchar a dos fundaciones, ambas de clara orientación derechista, sobre sus observaciones a la sentencia constitucional del 28 de noviembre del pasado año que habilita legal y legítimamente a todas las autoridades nacionales y subnacionales a postularse las veces que quieran, a partir del derecho preferente de elegir y ser elegido sin ninguna restricción (derecho humano), salvo las expresamente establecidas por la Convención Americana.  

La línea informativa empleada para (des)informar sobre esa audiencia omite, deliberadamente, varios aspectos que le quitan el sensacionalismo buscado por sus operadores. En primer lugar, que es sólo una de carácter informativo y de una duración de no más de 60 minutos (15 minutos para ambas fundaciones, 15 minutos para el Estado boliviano y los restantes 30 para que los comisionados formulen algunas preguntas a los participantes). Segundo, que no adopta decisiones de ninguna naturaleza. Tercero, que los miembros de la Comisión emiten algún tipo de criterios, que no es lo mismo que decisiones o medidas, que aparecen en su informe anual de 2018, que recién es publicado en julio de 2019. Para hacer eso tendrán que escuchar a más personas naturales o jurídicas. Cuarto, que no hay antecedentes de que la CIDH haya desconocido sentencias constitucionales dictadas por sus países miembros. Y, quinto, que Bolivia se ha brindado como sede de otro período de sesiones de la CIDH en 2019. 

Las maniobras de la derecha ante la CIDH no han logrado resultado alguno. En agosto, el relator de la CIDH para Bolivia, Francisco José Eguiguren, tras sostener encuentros con la oposición (partidaria, plataformas y algunos analistas) y el Gobierno y los movimientos sociales, expresó su total convencimiento de la plena vigencia de la democracia y del respeto a los derechos humanos. La derrota opositora fue de tal dimensión que el relator tuvo que soportar golpes de mano sobre la mesa y palabras ofensivas de los activistas de las plataformas, que pretendían forzarlo a redactar un informe alejado de la realidad. 

Ahora vuelven a la carga con el objetivo de empañar las elecciones primarias de enero del siguiente año y de pretender lograr, desde el exterior, lo que no pueden conseguir dentro del país. Los insultos en las redes, la manipulación de la gente para lanzar ofensas contra el Presidente y el despliegue de múltiples campañas de desinformación, son insuficientes. Se han propuesto intentar volcar a la CIDH contra el país. Por eso, hay una oposición cada día más frustrada y desesperada.