La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibirá el 5 de diciembre en audiencia a la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (Fodhj) y a la Fundación de los Derechos Humanos (HRF) y a autoridades del Estado boliviano, para tratar la denuncia de la reelección indefinida que dicta la sentencia del Tribunal Constitucional 084/20187 y la Convención Americana de Derechos Humanos.

La CIDH ha publicado el calendario de audiencias públicas del 170 Período de sesiones que se realizará en la sede del organismo en Washington, Estados Unidos del 1 al 7 de diciembre de 2018.

En el caso de Bolivia, a las dos fundaciones se les fijó para el 5 de diciembre de 14.30 a 15.30, durante una hora se expondrá el polémico tema de la reelección sin límites de las autoridades electas en el país.

De forma coincidente en esas fechas, en Bolivia las plataformas ciudadanas, cívicos y diversas organizaciones de la sociedad realizarán una suerte de movilizaciones entre marchas de protesta, vigilias y un paro cívico exigiendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no habilite al presidente Evo Morales a las Elecciones Primarias.

Desde el año pasado, organizaciones de la sociedad civil y partidarias acudieron a la CIDH y luego a la Corte-IDH para que en su calidad de único intérprete de la Convención Americana se pronuncie sobre si el artículo 23 “reconoce la reelección como un derecho político”.

El año pasado, el TCP falló a favor de la reelección sin límites ni restricciones bajo el argumento de la aplicación preferente del Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 23; asimismo dejaron en suspenso artículos de la Carta Magna y la Ley del Régimen Electoral.

Con este fallo, los mandatarios Evo Morales y Álvaro García pueden ir a su tercera repostulación consecutiva en las elecciones nacionales de 2019, pese a que la ciudadanía rechazó esta posibilidad en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

En Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional el año pasado ha fallado a favor de la reelección sin límites de las autoridades electas, su sentencia se basa en la aplicación preferente -precisamente- del artículo 23 de la Convención.

Sin embargo organizaciones de la sociedad civil y partidarias sostienen que la interpretación no ha sido correcta, porque el Pacto de San José de Costa Rica no vela por los derechos de autoridades que detentan el poder, sino por los derechos de los ciudadanos.

Por el fallo del TCP, el presidente Evo Morales y el vicepresidente, Álvaro García Linera pueden participar de las elecciones nacionales de 2019, siendo ésta su cuarta repostulación; pese a que un referéndum del 21 de febrero de 2016 rechazó que vuelvan a ser candidatos.

Los legisladores de oposición han realizado consultas y han denunciado al Estado boliviano por vulnerar la Constitución Política del Estado, además han pedido que este organismo se pronuncie sobre la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuyo mandato surge de la Carta del organismo y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

Al respecto, el embajador de Bolivia ante la OEA, José Alberto Gonzáles aseguró que la CIDH "no puede adoptar ninguna resolución ni decisión sobre la repostulación"

Gonzales, en entrevista con radio Panamericana, explicó que en la sesión participarán la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, la Fundación de Derechos Humanos y el Estado de Bolivia.

Esos actores dijo que contarán con 15 minutos para brindar información sobre el caso a la comisión, y esta dispondrá de similar tiempo para hacer preguntas y, si considera pertinente, emitir algún tipo de recomendación.

"Entonces, no hay que generar en la opinión pública o en la población en general una falsa expectativa en el sentido de que el 5 de diciembre se va a interrumpir la posibilidad de que se aplique una sentencia constitucional en nuestro país", señaló.