El MAS eligió a Carlos Mesa como contrincante hace ya unos meses: Primero aparecieron los vínculos del Gobierno del expresidente con los contratos brasileros, puesto en duda desde siempre, pero acentuados con la evolución del escándalo en Brasil. Como el tema iba para largo, salió a la palestra el asunto de Quiborax, una nacionalización de intereses mineros chilenos en el Salar de Uyuni ejercida por un gobierno nada sospechoso de socialista y que sin embargo fue puesta en cuestión por el Gobierno sí socialista de Evo Morales, luego de que el Tribunal internacional guardián de la ortodoxia del libre mercado condenara a pagar una millonada a la empresa por parte del Estado boliviano. Los indicios hacían percibir cierta negligencia en la defensa del Estado, pero antes de entrar al fondo de la cuestión, el presidente Evo Morales propuso la amnistía para el expresidente Carlos Mesa por este preciso tema; los dos tercios de la cámara lo aprobaron por la vía exprés; el Estado pagó los más de 40 millones de dólares y fin de fiesta, o eso parecía… Pero no, cuando Carlos Mesa confirmó su candidatura, el MAS volvió a poner la directa con el caso Lava Jato, por muy delicado que sea.

El caso ha llegado a un punto álgido – que probablemente no será el último – justo en el momento en el que se presentaban las alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral. El MAS se empeña en buscar antecedentes en el caso Lava Jato con los contratos con Correa apuntando a Carlos Mesa, mientras que éste insiste en apuntar a los vínculos de Morales con las empresas sucesoras de Camargo Correa – que en Tarija conocemos como la herencia recibida por OAS de la mano de la Queiroz Galvao en la ruta a Potosí -, pero que sin embargo la investigación no ha abordado.

Como fuera, la polémica suscitada entre ambos, incluyendo bravuconadas y poses de caballerosidad, ha opacado la puesta de largo de la alianza Unidad Nacional y Demócratas, la reedición de la alianza de 2014, y que de momento tiene menos relato que expresar en su abrazo cerrado del 21F, y no es que no tenga asuntos a los que sacar filo; sin ir muy lejos: el asunto de Leyes y las mochilas.

El problema en Bolivia es que la debilidad histórica de la Justicia no permite albergar esperanzas de que alguno de los escándalos y mutuas acusaciones se vaya a esclarecer en el corto plazo. La consecuencia es evidente: la corrupción se utilizará como arma arrojadiza entre unos y otros, una estrategia para polarizar que en ese inmediato corto plazo que los políticos necesitan pero perjudicial en el mediano. Lo necesario con la corrupción es denunciarlas con pruebas, condenarla y erradicarla, no utilizarla para sacar ventaja política, porque al final, los votantes llegan siempre a la misma conclusión: todos son iguales. Lo que viene a continuación ya lo estamos empezando a conocer.