Las autoridades denunciadas, de inmediato señalan que son persecuciones políticas realizadas por el nivel gubernamental, cuando en la práctica se observan suficientes indicios de corrupción y ello amerita la investigación por parte del Ministerio Público. Es más, cualquier persona tiene la obligación de realizar la denuncia y con más razón aún otra autoridad que conozca el ilícito, porque de no hacerlo, puede también ser procesado por omisión.
Reiteramos que existen ya muchas autoridades con problemas judiciales, pero ello debería ser suficiente muestra o advertencia para que otras autoridades transparenten su gestión, siendo ello su primera obligación.
Las denuncias son constantes en diversos municipios, pero con seguridad no existen los elementos suficientes o existe cierto proteccionismo de sus órganos fiscalizadores, situación que puede colocarlos a ellos también en problemas, ya sea en esta gestión o la próxima, porque se tienen normas estrictas que ya dejan poco margen de maniobra para ocultar hechos ilegales.
Es necesario que las autoridades transparenten la gestión y se brinde informes periódicos a la sociedad organizada en sus diversos niveles. De esa manera, la población estará satisfecha con lo que hacen sus autoridades en el manejo de los recursos económicos.
El transparentar una gestión significa cumplir con las normas y con la confianza depositada por la sociedad en las urnas.