La Comisión, presidida por Susana Rivero, encontró indicios de sobornos en los procesos de contratación para la construcción de las rutas Roboré-El Carmen, a cargo de Camargo Correa, y El Carmen-Arroyo Concepción, adjudicada a Odebrecht. El punto dos de la resolución aprobada dispone “denunciar ante el Ministerio Público (...) la existencia de indicios encontrados en la investigación”.

Denunciados

son cuatro

Carlos Eduardo Morales, ministro de Obras Públicas de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien según la Comisión tiene indicios de que habría recibido sobornos de Camargo Correa.

Jorge Peredo Flores, exgerente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), quien también fue vinculado con sobornos de Camargo Correa; Luis Humberto Landivar, exgerente de Construcción de la SNC, a quien le habría pagado Odebrecht, según la investigación.  

Mario Moreno Viruez, quien fue ministro de Obras de Eduardo Rodríguez Veltzé y que tendría relación empresarial con intermediarias de Camargo Correa.     

La resolución menciona a ocho personas no como denunciadas, sino con movimientos bancarios sospechosos que deben ser investigados por la Fiscalía.

Dicho punto dispone “remitir los antecedentes ante el Ministerio Público para que se investigue los movimientos bancarios inusuales o sospechosos, detectados por la instancia llamada por ley, y se inicien las acciones legales que correspondan”.

En esta lista están los cuatro denunciados y los otros cuatro son el expresidente Carlos Mesa y tres de sus colaboradores: Carlos Alarcón, quien fue viceministro de Justicia y ejerció como ministro de Obras interino para firmar el Decreto de autorización de contratación de los proyectos; Carlos Romero Mallea, que fue viceministro de Energías; y el exministro de Hacienda, Luis Carlos Jemio.

Las sospechas de los movimientos bancarios inusuales se fundamenta en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que detectó ese tipo de  depósitos en las cuentas de los implicados. La diputada Rivero señaló que también son indicios las coincidencias de los implicados en viajes a ciudades donde estaban los principales empresarios acusados de los sobornos: Jorge Barata de Odebrecht y Wanderlei Moura de Camargo Correa.

Mesa estuvo

en la sesión

Mesa, que presenció toda la sesión de la Asamblea, señaló que el mencionado informe tiene un carácter político y resalta que no se establece evidencias suficientes que lo involucren en el caso, sino más bien que presenta una serie de presunciones.

“Se trata de un documento, de un información e investigación llevada adelante por el MAS en función de los intereses del MAS. Hay una intención política y se pretende dar a entender que yo y mi Gobierno estuvimos vinculados a hechos de corrupción vinculados a sobornos y actos irregulares, hecho que desmiento categóricamente”, señaló Mesa.

Agregó que los contratos firmados con Camargo Correa no fueron parte de su Gobierno, sino del de Eduardo Rodríguez Veltzé y aseguró que todos los contratos cuestionados por estar vinculados al caso Lava Jato “no terminaron en una acción real” en su gestión.