Al parecer eso es lo que sucede con los resultados de las elecciones judiciales que, en un porcentaje mayor al 90 por ciento del cómputo oficial, concluyó que los sufragios nulos superan el 50 por ciento y los válidos en alrededor del 33 por ciento, mostrándose el descontento y el rechazo ciudadano a estos comicios.

Pero previamente al acto electoral se convocó a la ciudadanía a rechazar las políticas del Gobierno y reafirmar su voluntad expresada en el referéndum del 21 de febrero del 2016, oportunidad en la que también más del 50 por ciento de los votos manifestó su oposición a una nueva reelección de los actuales mandatarios.

Como se lo había expresado, de elecciones judiciales se convirtió en un plebiscito, sobre los temas mencionados, que según los analistas mostró el verdadero apoyo gubernamental, que seguramente bajó a raíz del fallo del Tribunal Constitucional que dio luz verde a la reelección, aunque permanece la legalidad de los resultados del referéndum y su carácter obligatorio y vinculante.

Ante esta situación corresponde a las autoridades a efectuar un profundo análisis y una reflexión sobre el rechazo popular, quizá evitando mayores confrontaciones y movilizaciones, que podrían ser lo cotidiano en los próximos días.

El pretender separar entre el pronunciamiento sobre el acto judicial con el político, lleva a las autoridades a no poner los pies en tierra, tal como se lo ha demostrado en diferentes declaraciones, en las mismas que se hace ondear la bandera del derecho humano para la permanencia indefinida en el poder.

Aún nos encontramos a tiempo de actuar con inteligencia y raciocino y demostrar al pueblo que se respeta su decisión y los contenidos de la Constitución Política del Estado.

Caso contrario es previsible que el país ingrese a una convulsión, con manifestaciones, huelgas y otras expresiones de protesta que pueden obligar a convocar a las fuerzas de seguridad para amainar la indignación popular.