Todo el país sabe que el sistema público de salud en Bolivia está en una crisis prolongada y estructural debido a que el nivel central del Estado incumple su obligación constitucional de atender financieramente el derecho a la salud que tiene el pueblo boliviano (Artículo 37 de la CPE).

Los que trabajamos en el sistema sabemos que éste se sostiene con recursos y el más importante es el humano, puesto que ni la mejor tecnología o el más moderno equipamiento en los servicios puede reemplazar al personal capacitado, y es en este aspecto fundamental en que el Gobierno se aplazó, ya que no existe un solo municipio o departamento que no esté reclamando por el déficit de ítems en el sistema público. Esto se ve especialmente en Santa Cruz, donde la falta de personal de salud supera los 10.000 funcionarios, ocasionando que todos los establecimientos operen “a media fuerza”, con el resultado de la saturación de los mismos y el descontento de la gente más pobre que acude a ellos por necesidad, al no contar con un seguro social o dinero disponible para ir a un centro privado.Frente a esta situación, y después de 12 años en el gobierno, en vez de asumir su responsabilidad incrementando el presupuesto de salud para resolver la crisis, el MAS propone un “nuevo sistema” sin las bases financieras suficientes, pretendiendo centralizar nuevamente las decisiones en el ministerio con sede en La Paz, borrando de un plumazo todo el proceso histórico de la descentralización administrativa y la autonomía para retornar al centralismo de las dictaduras militares, que hace 36 años fueron derrotadas por nuestro pueblo.

Ante la pésima atención de salud vigente en el país, solo hay una alternativa y es la creación de un sistema único, mediante la regulación funcional de sus componentes: público, privado y de la seguridad social, a través de una ley general de salud y la decisión política del Gobierno para incrementar el presupuesto de salud hasta garantizar la cobertura de prestaciones a los nuevos usuarios, cuyo respaldo financiero no puede ser menor a $us 1.500 millones, teniendo como gasto per cápita cerca de $us 400, según los estudios de expertos en economía de la salud.

Este sistema debe ser descentralizado necesariamente, ya que los organismos internacionales como la OMS y OPS hace muchos años recomendaron la creación de los Sistemas Locales de Salud (Silos) en base al principio de la subsidiariedad, que privilegia la atención de los problemas en el lugar que se presentan y no a distancia, como pretenden los gobernantes.

La propuesta del MAS, aprobada solo por sus organizaciones y Sedes afines, sin criterios técnicos consensuados con los actores principales del sistema de salud, representa una medida demagógica y electoralista antes que una intención seria de mejorar las condiciones críticas en que se desarrollan los esfuerzos del sector salud por atender mejor a la población. Asimismo, expresa una actitud totalitaria al pretender centralizar el funcionamiento del sistema, con el pretexto de “recuperar la rectoría del Ministerio de Salud”, encubriendo así su incapacidad de atender las demandas de ítems, cubiertas por los esfuerzos financieros de los municipios y de algunas gobernaciones, como la de Santa Cruz, que gasta más del 30% de su escaso presupuesto para pagar 1.700 ítems en provincias y hospitales de tercer nivel, sin haber recibido un solo peso del Gobierno para asumir esa competencia, como indica la Ley Marco de Autonomías.

Es oportuno y necesario desmentir al gobierno del MAS de que el sector salud se esté oponiendo al seguro universal. Queremos salud gratuita pero no de la forma que se propone, ya que es una decisión tomada con fines claramente electoralistas.