Aunque el Gobierno rechazó el criterio de que este proceso se había convertido en un plebiscito, terminó siendo así, ya que los postulantes no eran conocidos y hubo rechazo ciudadano a esa manera de elegir magistrados, así como a la actuación del Tribunal Constitucional que, con su último y polémico fallo, desconoció la voluntad del soberano, expresada el 21 de febrero de 2016.

El resultado refleja que Santa Cruz y Tarija fueron los departamentos donde mayoritariamente se votó nulo y que las áreas urbanas son el escenario de mayor rechazo; mientras que los votos válidos se apoyaron prioritariamente en las zonas rurales.

El voto expresado el domingo tiene varios mensajes que las autoridades nacionales y los partidos deberían tomar muy en serio. En primer lugar, se registró un 78% de participación en las elecciones, porque es obligatorio hacerlo y porque los ciudadanos querían expresar su descontento. A diferencia de lo que piensa el oficialismo, la alta concurrencia a las urnas no es un respaldo a la elección de magistrados y eso quedó claro con la mayoría de votos nulos. El presidente Evo Morales sostuvo que es una derrota para la oposición, que no llegó al 70% del sufragio pifiado. Lo que la máxima autoridad del Estado no ve es que los magistrados carecen de legitimidad para asumir sus funciones y eso no debería ser motivo de triunfalismo oficialista, sino todo lo contrario.

Entre los magistrados elegidos hay dos exviceministros de este Gobierno, un ex representante presidencial, varios exfuncionarios del INRA, así como de los ministerios de Gobierno, de Obras Públicas, de Defensa Legal del Estado y de Minería; es decir, personas que ocuparon cargos políticos en la gestión de Evo Morales. Tal situación plantea la gran duda acerca de cuán independientes podrán ser respecto al poder político del MAS y al poder gubernamental de Evo Morales.

El argumento, tanto de los postulantes como del oficialismo nacional, era que el voto del ciudadano en estos comicios permitiría transformar la justicia. No obstante, se repitieron y hasta se agravaron las taras de 2011: aumentó el porcentaje de nulos, existen ex funcionarios gubernamentales que ahora se visten de apolíticos y el Gobierno central mira a un costado, sin querer leer lo que el pueblo le está diciendo con este sufragio.

Los nuevos miembros de los máximos tribunales nacionales de justicia tendrán que demostrar que pueden cambiar la justicia, si es que realmente quieren hacerlo. De lo contrario, quedará la certeza de que el  sistema judicial se pondrá peor y que será susceptible a la manipulación de parte del poder político, algo que ya el país no soporta más.

La elección judicial por sufragio popular y directo ha demostrado ser un fracaso, por lo que el triunfo de los votos nulos obliga a plantear la eliminación de este mecanismo y la elaboración de un sistema honesto y transparente de selección, que permita una reforma radical del Poder Judicial. Mientras tanto, todo queda en promesas fallidas.