Está muy extendida la tendencia de calificar como habilidades políticas las zancadillas al adversario, los subterfugios para eludir obvias responsabilidades y las justificaciones torcidas de acciones ilegales que causan el descreimiento en la seriedad y las buenas intenciones de un régimen. Esto se agudiza cuando hay contradicciones entre los propios jerarcas del Gobierno y, peor aún, cuando estos van acomodando lo dicho para eludir la ira del  jefe político. Así llegan al extremo de juntarse para urdir  justificaciones a lo injustificable.

Un gobierno serio defiende el imperio de la ley, enmienda errores y escucha a los que los señalan. Lo contrario conduce al autoritarismo, que no acepta que la moral política radica en el respeto mutuo y convergente entre la mayoría y las minorías y, sobre todo, en la honestidad en sus actos. Tampoco apela a la práctica del amedrentamiento, como lo acaba de intentar un dirigente de los cocaleros, que advirtió a la jerarquía de la Iglesia católica que no se meta con ellos en el asunto de la re-reelección presidencial.

El mal cálculo del oficialismo, que estaba seguro de ganar -y perdió- en el referendo del 21 de febrero de 2016, que consagraría la posibilidad de una nueva reelección presidencial, fue evidente con la afirmación del interesado de que, si perdía -lo que, según él y sus seguidores, estaba fuera de sus conjeturas- “se iría calladito a su casa”, lo que no fue cumplido; fue una pose que mostró una falsa consecuencia democrática, pues subyacente estaba el propósito de insistir tercamente en la reelección, pese a la  posibilidad de que no lo acompañaría la mentada “voluntad popular”. Al final, esto resultó en un claro No a la eternización y un Sí a la alternancia en el poder.

Con actitudes y conductas malsanas consentidas por el poder, no extraña que el Gobierno haya perdido credibilidad. Por ello, sus partidarios ya no pueden repetir válidamente el sonsonete “no tienen moral para criticarnos”.