La batalla entre los dos precandidatos a las elecciones generales de 2013 comenzó a raíz del caso de corrupción Odebrecht-Lava Jato. Mesa, en una carta enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, planteó que también se investigue a la gestión de Morales y a la de Eduardo Rodríguez Veltzé en este caso.

La respuesta del presidente fue dura. En medio de un acto en Beni, conminó al expresidente a comprobar sus acusaciones en un plazo de 24 horas o, de lo contrario, “atenerse a las consecuencias”.

“Que acuse, Evo metido con Lava Jato, quiero que presente pruebas. Quiero decirles, a Bolivia y el mundo, no soy cobarde ni maleante como Carlos Mesa”, afirmó, para luego argumentar que es “maleante” porque sus exaliados del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) aseguran que cobró $us 1.200.000 para ser candidato a vicepresidente en la fórmula que encabezó Gonzalo Sánchez de Lozada y posteriormente $us 200.000 de fondos de gastos reservados.

Mesa contestó a Morales, primero en un tuit, en el que explicó que no hizo ninguna acusación en su contra, sino que pidió una investigación sobre la que se reafirma. Dijo además que no se rebajaría al lenguaje del “insulto” lanzando acusaciones sin pruebas.

No obstante, más tarde, al momento de presentar ante el Tribunal Supremo electoral (TSE) su alianza Comunidad Ciudadana, contestó con más fuerza al jefe de Estado y le dijo que no puede lanzar amenazas cual si fuera un dictador.

“Debo decirle, no le tengo miedo señor presidente, seguiré actuando como lo he hecho toda mi vida. Estoy con el FRI, con Sol.bo, porque vamos a ganar, gobernaremos con independencia de poderes. No puede seguir amenazando como si fuera un dictador y ningún ciudadano puede tener miedo de decir ‘Bolivia dijo No’ porque podría ir a la cárcel”, afirmó.

La Comisión Mixta que investigó el caso Lava Jato encontró indicios suficientes para sospechar que presuntamente se pagó sobornos al exministro de Obras Públicas, Carlos Eduardo Morales, y los exgerentes del Servicio Nacional de Caminos (SNC) Jorge Peredo Flores y Luis Humberto Landívar.

Según la investigación de la comisión, esos sobornos habrían sido pagados por empresas brasileñas Camargo Correa y Odebrecht, que se adjudicaron respectivamente la construcción de las carreteras Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción. 

Las conclusiones están en el informe que presentó la Comisión Mixta ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, tras realizar su investigación respecto a la contratación de firmas brasileñas implicadas en el caso Lava Jato. El texto se tratará hoy en la Asamblea Legislativa.

El documento fue difundido por el diputado Wilson Santamaría, quien indicó que ha solicitado levantar la reserva del informe conclusivo para hacer una valoración del mismo, y verificar si la Comisión Mixta hizo un trabajo integral o investigó con un sesgo político contra algún candidato. 

De acuerdo con el informe, las iniciales C.M., mencionadas en la investigación brasileña del caso como funcionario que recibió sobornos de la empresa Camargo Correa, corresponden presumiblemente al exministro Carlos Eduardo Morales, quien ejerció el cargo durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada.

En el informe se señala que Carlos Eduardo Morales fue el “negociador de los acuerdos binacionales Bolivia - Brasil que incluyen las carreteras”. 

El texto indica que Morales viajó junto a Sánchez de Lozada a Brasil para negociar el financiamiento de las carreteras que unan a ambos países.

El exministro no fue a testificar ante la comisión porque primero pidió enviarle los antecedentes del caso a su domicilio y luego “quedó en confirmar”, de acuerdo con el reporte.

Según la comisión, las iniciales G.G.-S.N.C. mencionadas también como benefactor de sobornos de Camargo Correa, sería presumiblemente Jorge Peredo Flores, quien era gerente general del Servicio Nacional de Caminos.

El informe de la comisión señala que dicho funcionario era el responsable del Proceso de Contratación y, además, firmó las adjudicaciones de los proyectos carreteros Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción.

Al ser entrevistado por la comisión, Jorge Peredo, dijo que no conocía a ejecutivos de empresas brasileñas y que sus viajes fueron en el marco de la iniciativa Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa), según señala el informe.

De acuerdo con el informe, hay suficientes indicios para sospechar que Luis Landívar Pereira, quien era gerente de Construcción de la SNC, recibió sobornos de la empresa Odebrecht, dado que era el “responsable de elaborar y modificar los pliegos de licitación”.

Según el informe, Landívar Pereira era el vocal técnico de la comisión que calificó las adjudicaciones de los proyectos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, además como gerente de Construcción firmó los contratos respectivos en 2005.

Al ser entrevistado por la Comisión Mixta, dijo que no conocía a Marcos Wanderley ni Jorge Barata, quienes era los encargados de las empresas brasileñas. Respecto a la coincidencias de viajes manifestó que tenía cursos en Brasil.

En el informe, Carlos Mesa figura como una de las nueve personas en quienes la Comisión Mixta encontró movimientos sospechosos en cuentas bancarias.

En cuanto a la sospecha de que las iniciales C.M., mencionadas en la trama de sobornos, correspondan al expresidente, el informe de la Comisión Mixta se limita a señalar que “no ha logrado la suficiente convicción para determinar cuál de las cuatro exautoridades del Gobierno de Carlos Diego de Mesa Gisbert podría ser C.M.”.

Para Carlos Mesa, las iniciales C.M. corresponden al mismo C. Morales.

Además de Mesa, la comisión encontró movimientos bancarios sospechosos en ocho exfuncionarios.

Entre los mencionados están los tres que habrían recibido sobornos: Carlos Eduardo Morales, Jorge Peredo y Luis Landívar.

Los restantes cinco son: Carlos Alarcón (viceministro de Justicia de Mesa), Luis Carlos Jemio (ministro de Hacienda de Mesa), José Antonio Galindo (ministro de la Presidencia de Mesa), Carlos Romero Mallea (viceministro de Energías de Mesa) y Mario Moreno Viruez (ministro de Obras de Rodríguez Veltzé), quien además tendría vínculos empresariales con subsidiarias de Camargo Correa.

Al diputado Santamaría, le llamó la atención que el exviceministro Carlos Alarcón (actual articulador político de Mesa) haya ejercido de ministro interno de Obras para firmar el decreto que autorizó la contratación en los proyectos observados.