La firma del documento fue realizada en la Fiscalía General del Estado entre la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio Público, Juan Lanchipa Ponce y el director general ejecutivo del Segip, Marco Antonio Cuba Mariño.

"Es un convenio de beneficio enorme para la población boliviana en particular para el servicio que presta el Ministerio Público. El tener acceso a la base de datos del Segip a través del Ministerio Público representa un gran avance en el inicio de las investigaciones", señaló el fiscal general del Estado.

A su turno el director general ejecutivo del Segip mencionó que "ahora los fiscales de Bolivia van a poder ingresar a la base de datos restringida y controlada del Segip (...). Gracias a este sistema van a tardar minutos en dar esta certificación de datos de las personas y los procesos van a correr con mayor celeridad".

Sobre la base del convenio, la Fiscalía se obliga a comunicar con la debida anticipación al Segip y de forma escrita, los datos de los servidores públicos que fueron autorizados para tener acceso al sistema o el cambio de los mismos, a efectos de habilitar o dar de baja las claves de acceso y restricciones de ingreso al sistema de convenio.

En ese contexto, la Fiscalía deberá mantener la confidencialidad de la información de los datos personales conforme el art. 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta obligación permanecerá vigente aun después de haber cumplido con el plazo del convenio.

Asimismo, los usuarios autorizados deberán reportar los casos que presenten irregularidades en los datos de los ciudadanos y ciudadanas, bolivianos o extranjeros con residencia en territorio nacional, además de otros acuerdos contemplados en el convenio.

Por su parte el Segip se obliga a otorgar a los funcionarios autorizados por la Fiscalía, un usuario y una contraseña para el ingreso al sistema de convenio interinstitucional, estableciéndose además un código de seguridad en la impresión de datos personales.

El contenido del sistema de convenio interinstitucional, contempla información de los ciudadanos bolivianos y extranjeros con residencia nacional, la cual se considera confidencial, por lo tanto, el Segip se obliga a precautelar los principios de confidencialidad y seguridad establecidos en la Ley 145.