Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 14 de noviembre de 2018
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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El documento pide remitir a la Fiscalía los antecedentes para que se investiguen. El MAS apunta a la gestión de Carlos Mesa por el cobro de los sobornos a Camargo Correa
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) instaló, cerca a las 10:00, su sesión en la que conocerá el informe final de la comisión Especial Mixta de Investigación del Caso Odebrecht (EEUU) - Lava Jato Camargo Correa (Brasil), que involucra, entre otras, a la gestión del expresidente Carlos Mesa.
"Me parece extraño que Carlos Mesa solicite participar de la sesión, porque el reglamento de la Asamblea Legislativa difiere muy poco del antiguo Congreso y está claro que cuando se analiza un informe de Comisión los únicos que tienen voz y voto son los legisladores", afirmó el vicepresidente Álvaro García Linera.
La pasada jornada el exmandatario pidió participar del debate de diputados y senadores para poder defenderse, sin embargo la respuesta del MAS fue que puede presenciar el análisis, pero no hacer uso de la palabra.
Video de García Linera sobre Mesa:
#ÚLTIMO García Linera sobre el intento de Carlos Mesa de participar en la sesión por el caso Lava Jato: "No sé si estamos ante un arrebato de amnesia temporal, un inicio de olvido o inicio de alzheimer, no creo que sean esas tres cosas, sino más un hecho de protagonismo político"
"No sé si estamos ante un arrebato de amnesia temporal, un inicio de olvido o inicio de alzheimer, no creo que sean esas tres cosas, sino más un hecho de protagonismo político y no la Asamblea no se presta a eso", agregó el presidente nato de la Asamblea.
El documento recomienda poner bajo investigación del Ministerio Público, al expresidente Carlos Mesa, y otras ocho exautoridades que asumieron sus cargos en los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Eduardo Rodríguez Veltzé.
Señala que se detectó en la cuenta del expresidente "movimientos inusuales o sospechosos de dinero", detalla además una serie de presuntas irregularidades en el proceso de contratación, como que "los financiamientos brasileños eran condicionados", o que la modalidad de contratación "llave en mano", fue incorporada en el ordenamiento jurídico con el decreto supremo 27328 del 31 de enero de 2003, en la gestión de Mesa.