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Medio: El Día
Fecha de la publicación: jueves 07 de diciembre de 2017
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Bajo el doble impulso de la náusea por la corrupción en la justicia y de la rabia legítima por el desconocimiento a la voluntad popular expresada el 21F, operado este último por medio de un tribunal probablemente venal, el mapa electoral muestra con claridad que el voto consigna del oficialismo para validar a los postulantes fue rechazado en todo el país, con los matices que detallaremos.
El voto protesta fue gigantesco en las capitales departamentales, destacando el 79,20% de sufragios nulos en Santa Cruz de la Sierra, el 75,55% en la ciudad de Cochabamba y el 72,41% en la ciudad de Potosí.
Los votos nulos superan la mayoría absoluta en 6 de los 9 departamentos de Bolivia, mientras que los válidos promedian el 30% en casi todos.
Si analizamos las elecciones judiciales anteriores, del año 2011, y comparamos sus resultados con los comicios generales del 2014, podríamos tener una proyección sobre algunos escenarios posibles en la votación del 2019 que se avecina.
En aquella ocasión, los votos nulos y blancos rondaron el 60%, alcanzando los primeros el 41%. Este último porcentaje fue consistente con el apoyo recibido por la oposición en las elecciones nacionales del 2014, si sumamos las diversas candidaturas.
Esto nos indica que el voto nulo y el blanco tienen distinta naturaleza, marcadamente opositora la anulación y de divergencia circunstancial o puntual la otra opción.
Si esto se repite en el 2019, las fuerzas que buscan la alternancia democrática podrían sumar una mayoría absoluta, en tanto que el evismo tendría un techo de aproximadamente un 45%, suponiendo que el oficialismo pudiera reabsorber lo perdido en los votos en blanco.
Hay que tener en cuenta que el Movimiento Al Socialismo ha decrecido en todos los comicios donde no participa su principal caudillo, como las elecciones subnacionales e incluso en la franja de diputados uninominales. Y que en caso de perpetrarse la inconstitucional postulación de Evo Morales, este añadiría al menos 10 puntos al porcentaje logrado por el masismo en las judiciales.
El panorama parecería alentador para la oposición, indicando casi con seguridad que el Senado sería controlado por las opciones republicanas y que, en caso de alcanzarse un acuerdo amplio de unidad, existe la probabilidad de ir a una segunda vuelta eventualmente ganable contra el “Jefazo”.
Donde deben encenderse las alarmas es en las previsibles trampas que impulsará un régimen discípulo del chavismo, lo que podría incluir desde la convocatoria a un Congreso Constituyente ilegal hasta una intensificación en las maniobras de fraude.
La lucha por una auditoría del padrón electoral con veeduría internacional y por un pronto pronunciamiento de la CIDH sobre los alcances de la Convención Americana de Derechos Humanos parecen dos objetivos en los cuales deberían concentrar esfuerzos los partidos políticos, las plataformas ciudadanas y otras fuerzas de la sociedad civil.