Decida lo que decida el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la habilitación o no del Presidente y Vicepresidente, será al parecer crucificado. Si decide habilitarlos será censurado por esa gran multitud urbana del país que se opone al gobierno, siendo sus miembros estigmatizados de militantes del oficialismo. Esto será aprovechado por los estrategas políticos de la oposición para desacreditar lo más posible al órgano electoral y predisponer a la ciudadanía a asumir fraude en caso de que el oficialismo gane las elecciones generales del 2019.

En caso de que no los habilite, el escenario es peor para los miembros del TSE, ya que pueden ser procesados por incumplimiento del art. 203 de la CPE, en función al art. 153 del Código Penal vigente y otras figuras que seguramente el oficialismo encontrará.

Si bien desde el punto de vista jurídico la cosa está clara, por lo que debe nomás aplicarse la interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) realizada mediante la SCP 84/2017, no puede dejarse de considerar ese aspecto político, donde el escenario es altamente riesgoso para la institucionalidad democrática del país.

Como sucede con toda resolución de la vía jurisdiccional puede haber decisiones con base a interpretaciones acertadas o equivocadas, razón por la que en el sistema judicial existen otras instancias para que se pueda rever la decisión tomada por un juez. Si bien en el caso boliviano el TCP es la instancia de cierre en procesos judiciales, cuando se trata de derechos humanos, aún existe la instancia internacional. Lo que debió haber hecho hace tiempo el TSE –como órgano independiente y competente en materia electoral, por tanto, representante del Estado boliviano en el tema– es solicitar a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) una opinión consultiva sobre el asunto. Así pudo haber respaldado su posición en tal instrumento jurisdiccional.

Hoy, a menos de un mes de la fecha en la que deben decidir la habilitación o no del Presidente y Vicepresidente para las elecciones primarias, dudo que pueda lograrse tal Opinión Consultiva de la CIDH. Lo único que queda al parecer es que el TSE solicite una aclaratoria al TCP para respaldar su decisión en la misma. Aunque es posible que ni a eso alcancen. Lo único que le queda es asumir la tan difícil decisión que le toca afrontar, con el mayor ingenio posible.

El autor es abogado.