Después de dos días de paro cívico movilizado, con bloqueo de carretera y de la vía férrea, Roboré declaró un cuarto intermedio a sus medidas de presión y suspendió anoche, a las 21:00, la medida de presión al lograr que la Policía libere a los ocho arrestados en la refriega del lunes por la noche y las autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y personeros del Gobierno los convoquen a una reunión para analizar su demanda de anular la resolución de asentamiento en la reserva ecológica Paquió.

El acuerdo se dio horas después del violento enfrentamiento ocurrido la noche del lunes en los puntos de bloqueo cuando la Policía, en su intento por desbloquear la ruta bioceánica, gasificó a los que impedían el paso. Esta situación molestó a la multitud, que en represalia quemó el edificio policial ubicado frente a la plaza principal de Roboré.

El acuerdo logrado ayer estableció que hoy, a las 16:00, se lleve a cabo una reunión en el INRA para tratar el tema. En la cita estarán presentes el ministro de Gobierno, Carlos Romero, las autoridades de Roboré, a la cabeza del alcalde, Iván Quezada, y los alcaldes de San José de Chiquitos y de San Ignacio.

El jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Gonzalo Medina, indicó que, a pesar de liberar a los ocho arrestados, la Policía investigará los daños ocasionados al puesto policial para dar con los autores materiales e intelectuales del hecho. “Hay gente identificada, vamos a citarla; dañar a la Policía no es otra cosa que dañar al municipio”, expresó.

Durante casi toda la jornada de ayer, el representante del defensor del pueblo en Santa Cruz, Jorge Paz Yabeta, ofició de mediador pero no logró que las partes en conflicto se pusieran de acuerdo.

Después de la gasificación de la Policía, los pobladores mantuvieron cortada la ruta en tres puntos, mientras que el contingente policial se mantuvo replegado en San José de Chiquitos.

En una asamblea realizada por la mañana, los pobladores determinaron endurecer sus medidas de presión si el INRA no revierte la autorización que dio a la comunidad Túpac Amaru para que se asiente en el Paquió y no respete el Valle de Tucabaca.

En San José de Chiquitos, las instituciones se reunieron y aprobaron un voto resolutivo, dando un plazo de 24 horas para que el INRA atienda la demanda de Roboré; caso contrario, advirtieron con sumarse al paro indefinido con bloqueo de carreteras.

Según el presidente del Comité Cívico de Roboré, Martín Carrillo, Puerto Suárez y Puerto Quijarro también han decidido apoyarlos.

El edificio policial, que fue incendiado por un grupo de pobladores en protesta por la gasificación, ha quedado convertido en escombros y cenizas.

Afortunadamente no hubo daños personales ni se perdieron documentos ni motorizados, pues los policías lograron abandonar a tiempo las instalaciones.

Los vecinos prefieren no hablar del hecho. Unos culpan a la Policía, otros lamentan lo ocurrido y que el pueblo se quede sin efectivos. “Dicen que gasificaron a los niños y eso enojó a la gente, pero no fueron los policías que trabajaban aquí. No sabemos qué va a pasar ahora que no hay efectivos”, dijo una vecina.

Repudian la represión

El asambleísta por la provincia Chiquitos, Hugo Antonio Salmón, repudió la acción policial y también acusó al INRA de ser el responsable de los hechos que acabaron en violencia, porque sus directivos incumplieron el compromiso de sentarse a negociar para poner fin al conflicto.

“El INRA ha cometido delito ambiental al haber autorizado un asentamiento humano dentro del Paquió, que es un área protegida”, expresó el asambleísta y recordó que en las últimas dos semanas las autoridades de dicho municipio han estado buscando otras tierras fiscales para reubicar a la comunidad Túpac Amaru.

Para Salmón (Demócratas), el Gobierno nacional pretende distraer la atención de la población y poner en agenda este tema, a fin de consolidar el prorroguismo del mandato del presidente Evo Morales.

EL DEBER intentó conocer la versión de las autoridades del INRA sobre este tema, pero no fue posible.

Diputados piden informe

Ayer, diputados de la oposición enviaron una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, requiriendo que el ministro de Gobierno responda, por escrito, sobre la represión policial ocurrida en Roboré. En la misiva, piden que el ministro Carlos Romero informe el resultado de la intervención policial, el plan de operaciones implementado, cuántos arrestados hubo, cuántos efectivos participaron de la acción, etc.

EL EDIFICIO INCENDIADO QUEDÓ PRECINTADO; EL GOBIERNO REPUDIA LA DESTRUCCIÓN DE BIENES DEL ESTADO
El edificio quemado ha sido precintado y el pueblo ha quedado sin policías, ya que los seis efectivos que se hacían cargo de la seguridad de Roboré se vieron obligados a replegarse a San José de Chiquitos junto al contingente que desbloqueó.

El inmueble está ubicado en una esquina, frente a la plaza principal, y es el ‘testigo’ de la furia del pueblo, que reaccionó por la gasificación. Curiosos y medios de prensa llegan hasta el lugar para observar los daños. Solo quedan escombros y cenizas. Muchos pobladores prefieren no hablar de lo que sucedió y algunos dicen que se enteraron después de lo ocurrido.

Otros aseguran que solo escucharon bulla en el centro a eso de las 21:00, cuando normalmente el silencio se apodera del ambiente. “No vi nada, pero oí a la turba gritar y los cohetes. Es lamentable, pero ellos (los policías) tuvieron la culpa. Gasificaron a mujeres y niños, y eso no está bien”, dijo Mariano Cortez, vecino.
“Vi pasar a la gente corriendo. No sabía de qué se trataba. Luego supe que la comisaría estaba ardiendo”, dijo otro poblador.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, justificó la intervención policial refiriendo que solo cumplió con su deber de despejar la zona.

“Se ha cumplido con la función policial por parte de los efectivos desplazados a la zona, en un camino de circulación internacional (...) la Policía debe cumplir su rol constitucional, que es lo que ha hecho”, manifestó Chávez.

Chávez indicó que se procederá a una investigación por la destrucción de bienes públicos y que se garantizará el orden en la zona. “Reprochamos lo ocurrido por parte de una dirigencia que se ha excedido totalmente en cuanto a las pretensiones que tenía”, manifestó y aseguró que durante el operativo del lunes no se intervino “al pueblo”, sino a los bloqueadores impulsados por una dirigencia que actuó de forma desmedida, manifestó.