El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se halla en trance de ser sometido a una prueba histórica, decidir sobre la pertinencia constitucional o no de una tercera reelección de Evo Morales. De acuerdo con el referéndum del 21 de febrero de 2016, solamente puede haber una posibilidad para este efecto y no una segunda, como sería el caso.

Morales asumió la presidencia en 2006, al haber ganado las elecciones generales de 2005, para cumplir un primer mandato legal de cuatro años. Una vez que lo ejerció hasta el 2009, se acogió a lo dispuesto por la nueva Constitución, promulgada el 7 de febrero del mismo año, la cual establece, en el capítulo “Disposiciones transitorias”, que en la primera de ellas se realicen elecciones para elegir Presidente y Vicepresidente el 6 de diciembre del mismo año (2009). Esta previsión se está acatando plenamente, con el actual ejercicio del poder por parte de Morales, aunque sin decir expresamente que se trata de una reelección, lo que en los hechos está ocurriendo.

En las mismas Disposiciones, en su parágrafo II, se expresa que “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos en funciones”.

Por tanto, el que está ejerciendo Morales es el segundo de ellos, de 2014 al 2019. La misma Constitución, actualmente en aplicación, no contiene ni una palabra para que se ejerza un tercer mandato continuo, lo que acontecería si Morales insiste en habilitarse para las elecciones generales de octubre de 2019.

Por tales disposiciones, el TSE no tiene facultad legal alguna para dar paso a una tercera reelección del Presidente en ejercicio. Y si eventualmente lo hiciera, por las presiones políticas que pudiera recibir, como institución pública quedaría marginada de continuar en el ejercicio de las funciones que actualmente desempeña.

En el supuesto que ello ocurra, una nueva composición de los vocales de dicho cuerpo operativo tampoco tendría la facultad de violar una previsión constitucional vigente. Entonces, en definitiva, no existe la posibilidad de que el TSE, cualquiera sea la posición política de sus miembros, pueda dar vía libre a una tercera reelección de Morales. Y si ello sucediera, personalmente continuará impedido de incurrir en un atentado a la Constitución.

Si pudiera concretarse tal posibilidad y Morales sea “reelecto”, por tercera vez, simple y llanamente se trataría de un “golpe de Estado”, como considera el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), a lo que este organismo añadió que sería “la inauguración de una dictadura, contra la cual la población lucharía en las calles”.

La cuestión adquirió tal magnitud pública que los comités cívicos del país decidieron realizar un paro nacional el 6 de diciembre, como una forma de exigir al TSE que inhabilite la candidatura del binomio oficialista (Morales-García Linera) y haga respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero.

En aras de conservar la pacificación en el país, así como el orden legal vigente, es imperativo que gobernantes y gobernados se esfuercen por resguardar la paz pública, a través del cumplimiento de las previsiones legales ya existentes.