El informe de la comisión legislativa que investigó el caso Lava Jato en Bolivia no menciona que el expresidente Carlos Mesa haya cobrado sobornos de las empresas Camargo Correa y Odebrecht, pero ratifica que detectó movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias.
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La “comisión paralela” del caso Lava Jato en Bolivia considera que se debe investigar las gestiones de Rodríguez, Mesa y Morales, además de cinco empresas.
Reunión entre las comisiones de Bolivia y Perú que investigaron el caso Lava Jato. Foto:Redes sociales
El informe de la comisión legislativa que investigó el caso Lava Jato en Bolivia no menciona que el expresidente Carlos Mesa haya cobrado sobornos de las empresas Camargo Correa y Odebrecht, pero ratifica que detectó movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias.
La comisión, conformada en su mayoría por legisladores del MAS y que contó con un financiamiento de un millón de bolivianos, presentará hoy a la Asamblea Legislativa las conclusiones de su trabajo.
La diputada Susana Rivero (MAS), quien presidió la comisión, informó que se investigaron los proyectos carreteros Roboré-El Carmen; El Carmen-Arroyo Concepción; Potosí-Uyuni; San Ignacio de Moxos-Villa Tunari y Potosí-Tarija-Villazón.
El reporte de esa indagación concluye que se encontraron “indicios suficientes para sospechar presuntos sobornos pagados por parte de la empresa Camargo Correa para la construcción de la carretera Roboré - El Carmen a Carlos Eduardo Morales Landívar, en su condición de ministro de Obras Públicas del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada”.
Asimismo, la comisión presume que cobró coima Jorge Nicolás Peredo Flores, en su condición de gerente general del ex Servicio Nacional de Caminos (SNC), “como responsable del proceso de contratación”.
El documento también señala que “existen indicios suficientes para sospechar presuntos sobornos” de la empresa brasileña Odebrecht en favor de Luis Humberto Landívar Pereira, gerente de Construcción del ex-SNC como “responsable de elaborar y modificar los pliegos de licitación”.
El informe agrega que “existen indicios suficientes para confirmar una relación empresarial” entre Mario Avelino Moreno Viruez, quien fue ministro de Obras Públicas del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, “con los intermediarios de Camargo Correa”.
No obstante, el reporte señala que la investigación “detectó movimientos inusuales y sospechosos de dinero” en las cuentas bancarias de Mesa y otras ocho exautoridades.
El punto siete de las conclusiones del informe establece: “La Comisión no ha logrado la suficiente convicción para determinar cuál de las cuatro exautoridades del gobierno de Mesa podría ser C.M.”.
Reportes de la operación Castillo de Arena, de la Policía Federal de Brasil y la Superintendencia Regional en San Pablo, señalan que el 18 de agosto de 2004, desde Brasil, se realizó el pago del soborno de 158 mil dólares a una persona con las iniciales C.M.
Por otro lado, las conclusiones de las pesquisas establecen que la construcción y entrega de la carretera se concretó en la gestión del presidente Morales. Además, se agrega que el primer mandatario emitió el Decreto Supremo 28937, el 22 de noviembre de 2006, que rebaja la tasa de interés del crédito de la CAF.
Rivero, en un video que publicó en redes sociales, aseguró que en el gobierno de Morales “no se tocaron esos contratos ni se cambiaron las fuentes de financiamiento ni se aumentaron los precios”.
El diputado Víctor Borda (MAS) aseguró que la responsabilidad directa la tiene Mesa, porque fue en su gestión que se concretó la llegada de Camargo Correa y Odebrecht.
Agregó que el presidente Morales “apeló a la buena fe” del trabajo que realizaron anteriores gestiones. “Como Presidente no podía arbitrariamente declarar nulo los procesos”, dijo Borda.
Informe preliminar
La “comisión paralela” que investigó el caso Lava Jato, dirigida por el senador Arturo Murillo (UD), indicó que las indagaciones de ese equipo no concluyeron, porque se espera que en las próximas semanas recibirán de autoridades de Brasil documentos sobre el caso Lava Jato.
“Con el cambio de gobierno en Brasil, algunos diputados y senadores que asumirán funciones en febrero del 2019 nos ofrecieron nueva documentación. Nos parece importante ser pacientes para demostrar las irregularidades que se registraron en el país”, indicó Murillo.
En ese marco, el legislador señaló que preliminarmente ven necesario investigar los gobiernos de Mesa, Rodríguez Veltzé y Morales; además de Camargo Correa y Odebrecht, plantean indagar a las empresas brasileñas OAS y Queiroz Galvao y a la firma española Corsán Corviam.
“El MAS solamente quería investigar a una empresa y un gobierno, nosotros creemos que se debe investigar a los tres gobiernos, porque participaron en los procesos de contratación y financiamiento”, sostuvo Murillo, quien dijo que Rivero no podía presidir ni ser miembro de la comisión porque fue ministra cuando se ejecutaron las obras.
El punto de partida de las pesquisas
La comisión legislativa que investigó el caso Lava Jato se conformó el 3 de abril de 2018 con la misión de “investigar, determinar si existieron indicios de prueba en procesos judiciales de carácter internacional sobre sobornos a servidores públicos o políticos en Bolivia”, pagados por las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.
Otra tarea de la comisión fue identificar a las personas que recibieron coima; y en caso de confirmarse, remitirlas al Ministerio Público.
En abril de este año, la Policía Federal de Brasil certificó 51 pagos o sobornos a funcionarios bolivianos por la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, El Carmen - Arroyo Concepción, tramos que se adjudicaron Camargo Correa y Odebrecht.
Asimismo, la Asamblea Legislativa aprobó un millón de bolivianos para el trabajo de la comisión del caso Lava Jato, en su mayoría conformada por legisladores del MAS. Norman Lazarte fue el diputado de oposición que formó parte de la misma, pese a ser desautorizado por su bancada, Unidad Demócrata.
Luego de seis meses de investigación, la comisión identificó tres “serios indicios” de responsabilidad que apuntan a la gestión del expresidente Carlos Mesa y a ocho exautoridades.
Con esos antecedentes, la comisión recomienda a la Asamblea Legislativa remitir su informe al Ministerio Público, que dirige Juan Lanchipa, “para que active la cooperación judicial internacional con la República de Brasil y Perú a fin de pedir mayor documentación del caso”.
El objetivo de solicitar aquello es para “profundizar la investigación a partir de los hallazgos encontrados”.
