“El centro de la atención del sector empresarial del país es la economía, el empleo y la generación de valor. En ese marco, nuestro rol es invertir y promover desarrollo; para ello, es condición indispensable, la prevalencia del Estado de Derecho y la democracia como pilares esenciales de la vida nacional”, señala el mencionado comunicado.

En ese sentido, la CEPB, expresa su preocupación por las consecuencias de la “inadecuada” administración de la justicia reflejada en los últimos fallos emitidos por el TCP. “Por eso demandamos que se garantice la fuerza, supremacía y principios de la Constitución Política del Estado (CPE)”, añaden.

“El desconocimiento y la vulneración de la CPE no sólo afecta  ese pacto supremo, sino que generan incertidumbre y la falta de credibilidad incidiendo, de manera directa, en los avances alcanzados y los objetivos que nos hemos planteado como sociedad democrática”, agregan los empresarios.

En su opinión, la falta de credibilidad en la administración de la justicia se vio reflejada en los resultados de las elecciones judiciales del pasado 3 de diciembre, la cual, aseguran “profundiza la crisis” de la justicia y resta legitimidad a los administradores de la misma.

Por eso, la CEPB propone “un gran acuerdo de concertación para recuperar la institucionalidad del Órgano Judicial”.

Finalmente, ratifican que no tienen inclinaciones políticas y su pronunciamiento se basa en su derecho de expresar una opinión en temas políticos que “afectan a los valores democráticos, la estabilidad, la institucionalidad, y, sobre todo, el bienestar del pueblo boliviano”.