La personalidad, experiencia y carisma político del historiador y periodista Carlos Mesa, además de expresidente, lo inclina como la mejor opción en el frente opositor, como el peso para equilibrar las desmedidas proyecciones políticas del MAS, que en un futuro muy próximo pueden afectar seriamente la estabilidad democrática y económica de Bolivia.   

En ese contexto, los nuevos elementos salidos a la luz pública en los últimos meses ratifican la certeza de que el juicio iniciado al exmandatario  por la Procuraduría del Estado no tiene ningún otro fundamento que no sea desacreditar su posible candidatura y así inviabilizar su futuro en el escenario político nacional. Esta táctica se la irá utilizando con otros  posibles candidatos, buscándoles, como comúnmente se conoce, “la cola de paja” para perjudicarlos y anularlos, impidiéndoles así  participar en las elecciones de octubre de 2019.

El caso Quiborax es sólo uno de las 14 derrotas que el Estado boliviano sufrió en pleitos internacionales iniciados desde 2006, desde la nacionalización,  por empresas internacionales  que vieron afectados sus intereses. Con éste y otros antecedentes, sobran motivos para evidenciar que el ensañamiento judicial que se pretende desatar contra Carlos Mesa nada tiene que ver con la justicia, mucho menos con la defensa del patrimonio nacional, sino con la degradación de la lucha política a su nivel más bajo.

El exmandatario insistió en que los bolivianos se deben defender “democráticamente”, aunque está consciente de que es “muy difícil cuando se tiene un gobierno autoritario que no está de acuerdo en aceptar esa defensa democrática y que quiere imponer la otra línea”. Esto es: que quiere imponer sus propias reglas. Ya violó la Constitución Política del Estado por su angurria del poder; de continuar en el poder se volverá aún más atrevido.

Aprovechando la crisis en los partidos políticos y  del sistema de partidos, se ha instaurado una nueva ley de partidos, que si bien parece tener buenos propósitos, en la actual coyuntura sólo sirve al partido de gobierno, perjudicando a las otras tiendas políticas. La nueva norma promete igualdad de condiciones entre las agrupaciones ciudadanas y otros grupos sociales, pero en el análisis es evidente que las diferencias son abismales.

No debemos perder de vista que la crisis de los partidos políticos obedece en gran parte a la falta de renovación en el interior de éstos, a una ausencia de  cambios de liderazgo e incapacidad para ofrecerle al país propuestas coherentes. Esto ha sido aprovechado hábilmente por los “estrategas” del MAS para defenestrar cualquier intención opositora.

A esto se suma que, lamentablemente, la oposición continúa envuelta con la cultura del egocentrismo,  lo que impide llegar a alianzas más fuertes, dejando de lado los egoísmos y ambiciones personales para procurar el bien de todo el país. 

Insistimos en que la mejor propuesta para lograr un equilibrio político  lo constituye Carlos Mesa; esto dadas las circunstancias y que el tiempo apremia ante las próximas elecciones primarias.

Teófilo Coarite es estudiante de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés.