El caso del albañil potosino, Rafael Chambi Julián es otro capítulo más de este mismo aturdimiento que embarga al régimen y que lo lleva a cometer un improperio mayúsculo. Resulta comprensible que el Gobierno esté acobardado por los gritos de “Bolivia dijo No” que escucha desde todas direcciones y que califica como insultos, provocaciones o, como recién se ha dicho “atentados” en su contra. Era de esperarse que en cualquier momento comiencen a escarmentar a esos “atrevidos” y malcriados que defienden la constitución y el 21F, pero lo que han hecho tiende a volverse en su contra y está muy lejos de ser un escarmiento, pues no hace más que echar leña al fuego.

Se hubiera esperado la detención de alguien que forme parte de todos los estereotipos que repiten todos los días los voceros del oficialismo acerca de los opositores, de las plataformas ciudadanas o de los que defienden los resultados del referéndum del 21 de febrero y los que se oponen a la repostulación del presidente. Hubiera sido entendible el arresto de algún “camba oligarca”, alguien de la extrema derecha o una “ricachona”, como calificó el vicepresidente a la mujer que lo escupió hace algunas semanas en una clínica privada de Santa Cruz.

El problema es que Rafael Chambi no encaja e ninguno de esos calificativos, lo que muestra al mismo tiempo que la defensa de la democracia no un asunto de las élites políticas y económicas y que el Gobierno se equivoca al insistir en su vieja cantaleta de ricos contra pobres, potentados contra humildes que le ha ayudado a sembrar odio en el país.

Las autoridades han tenido que tejer una serie de argumentos para justificar la detención de este “Chacal potosino”, como el supuesto hecho de que le arrojó agua o una bolsa de coca al presidente o que pretendía agredirlo, algo que raya en lo surrealista, pues sucede que ahora los sistemas de seguridad pueden adivinar las intenciones de la gente, sin necesidad de justificar con algún indicio creíble como la tenencia de armas o la existencia de un plan para cometer un atentado de la magnitud que se le atribuye al joven albañil.

La justicia servil del régimen la hizo peor todavía, pues no solo puso el incidente a la altura de un magnicidio, sino que ha soqueteado al acusado de medidas cautelares como el arraigo, la prohibición de acercarse al primer mandatario y la limitación a participar en actos contrarios al Gobierno. Esto le traerá serios problemas de imagen, pero a lo mejor ya estamos viviendo una época y un modelo político en el que ya no importan las “formalidades”.

El caso del albañil potosino, Rafael Chambi Julián, es otro capítulo más de este mismo aturdimiento que embarga al régimen y que lo lleva a cometer un improperio mayúsculo.