Nuestro país ya tiene y tendrá en el futuro inmediato una lógica como inusitada actividad política ante dos procesos electorales que se avecinan: las primarias y las presidenciales. Partidos políticos, dirigentes y organizaciones cívicas cobran ahora mayor protagonismo. En medio de este ambiente de una tensión activada no deja de tener trascendencia la opinión formulada por la Iglesia Católica sobre cuestiones que atañen a tales procesos, que están ahora en la preocupación ciudadana: el respeto al resultado del referéndum que tuvo lugar el 21 de febrero de 2016 (21F), y las elecciones del próximo año, dos situaciones que indudablemente son de interés nacional.

La Conferencia Episcopal Boliviana ha dado su opinión sobre tales temas para afirmar que hay que respetar el referéndum que se hizo en nuestro país. “Ojalá – dijo un portavoz de la Conferencia – no actúe (el TSE) de acuerdo a presiones de nadie, sino actúe en conciencia y actúen en cumplimiento y el servicio a la Constitución Política del Estado y a un referéndum que ha habido en Bolivia. La postura de la Conferencia Episcopal es que hay que respetar ese referéndum... Lo que sí está claro es que los obispos, como todo ciudadano boliviano, como todos los habitantes de este país y más aún como pastores de todos los católicos de este país, tienen una opinión política”.

Tal vez resulte oportuno, en seguida, recordar un hecho que conmovió al mundo católico, cuando el Cardenal Josef Mindzenty, Primado de la Iglesia de Hungría, fue juzgado en 1949 por las autoridades comunistas y condenado a cadena perpetua, todo por ser contrario al régimen dictatorial que gobernaba entonces ese país. Fue así “que dejó como uno de sus legados la fidelidad y la certeza de que la perseverancia de la fe vence al mundo”. Liberado en 1956, se refugió en la embajada de los EEUU. Citamos este hecho de valor histórico porque nos permite mostrar que la Iglesia Católica – con sólida influencia universal – ha tenido que afrontar y seguirá afrontando vicisitudes cuando su opinión señale rutas democráticas por donde deben transitar los pueblos que buscan la realización digna de sus anhelos y esperanzas.

Será por eso que frente a esta posición reaccione la intolerancia de grupos políticos poco acostumbrados a respetar las ideas ajenas, que se sienten afectados por las opiniones de la Iglesia, opiniones que no la ubican precisamente en un plano de compromiso partidista sino más bien en la compleja tarea de orientar al ciudadano y a las colectividades, cuando deben participar en un proceso electoral. No es raro entonces que la intemperancia de dirigentes y grupos políticos, más su agresivo lenguaje, sean la contrapartida a los propósitos de la Iglesia de contribuir al interés público, más aún en las circunstancias actuales que han llevado al partido gobernante a desconocer el 21F, para favorecer el prorroguismo. Y si ahora, en nuestro país, la Iglesia opina sin mayores pretensiones porque se respete el 21 F y que el TSE rija sus actos con plena independencia y solo atenido a la Constitución, no significa otra cosa que preocuparse por la suerte presente y futura de Bolivia.