Ante esta situación, la CEPB plantea un gran acuerdo de concertación para recuperar la institucionalidad del Órgano Judicial.

El ente matriz de los empresarios recuerda que la Constitución Política del Estado refleja un pacto social entre todos los bolivianos, respecto de cómo construir el poder político, el ejercicio de este y los derechos y obligaciones de todos, quienes comparten el mismo destino en Bolivia: gobernantes y gobernados. 

"El desconocimiento y la vulneración de la Constitución Política del Estado, no sólo afecta ese pacto supremo, sino que, genera incertidumbre y falta de credibilidad incidiendo, de manera directa, en los avances alcanzados y los objetivos que nos hemos planteado como sociedad democrática", señala partes salientes del comunicado.

La soberanía reside en el pueblo y, se ejerce de manera directa y delegada recuerda la CEPB. "Nuestra vocación democrática y la importante contribución que realizamos al desarrollo socio económico del país, nos convoca a pronunciarnos en forma institucional y orgánica", manifiesta.

La CEPB señala que asiste a los empresarios la preocupación sobre las consecuencias de la inadecuada administración de justicia  reflejada en los últimos fallos emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), razón por la que demanda "que se garantice la fuerza, supremacía y principios de la Constitución Política del Estado".

En criterio de la entidad matriz del empresariado, la falta de credibilidad en la administración de justicia ha sido ratificada en la votación del 3 de diciembre. "Hecho que debe llamarnos a todos los bolivianos a una profunda reflexión y a un trabajo concertado por restituir la confianza en el sistema", señala el pronunciamiento.

El resultado de la votación en las recientes elecciones judiciales donde se impuso el voto nulo por encima del 50 por ciento, según el empresariado, profundiza aun más la crisis del sistema judicial, dado que cuestiona la legitimidad de las autoridades electas, y, sobre todo "pone en entredicho, un proceso que pudiera haber sido la base de una reforma estructural de la justicia boliviana". 

"Reafirmamos plenamente, nuestra esencia independiente de vínculos político partidarios, como la base sustancial de la legitimidad de la institucionalidad privada nacional, a la vez que, refrendamos nuestro derecho a expresar nuestra opinión sobre los temas políticos cuando éstos afectan a los valores democráticos, la estabilidad, la institucionalidad y, sobre todo, el bienestar del pueblo boliviano", expresa el documento.