La jueza Quinto Cautelar de la ciudad de Potosí, Gladis Romero determinó pasada las 22.00 horas del sábado, las medidas sustitutivas a la detención preventiva para el joven albañil de Potosí, Rafael Chambi Julián, quien gritó Bolivia dijo No y fue imputado por el presunto delito de “atentados al Presidente y otros dignatarios”, a quien le prohibió asistir a los actos públicos donde se encuentre el mandatario.

La Fiscalía solicitó las medidas sustitutivas a la detención preventiva para Rafael Chambi Julián. Insistió que hubo la intención del imputado de agredir al Presidente. También aseguró que lanzó un objeto, aunque no pudo sostener dicha sindicación.
Durante la audiencia de medidas cautelares convocada para las 20.00 horas, los representantes del Ministerio Público solicitaron las medidas sustitutivas para Chambi a pesar que insistieron que el imputado no pudo desvirtuar el riesgo de fuga y que el delito de atentado es sancionado entre cinco a diez años y que por tanto no se beneficia con la libertad preventiva.
A pesar que la Fiscalía no demostró en audiencia que el procesado arrojó un objeto en contra de la humanidad del mandatario a través de una transmisión de video sin sonido y baja resolución visual, insistió que el hecho sucedió.
La jueza a su turno consideró que las imágenes expuestas no demuestran que Chambi haya agredido al Presidente ni que le haya lanzado un objeto.
En alusión a las declaraciones de Jorge Pablo Orejón, funcionario de la Intendencia que intervino al momento en que gritaba Chambi, dijo que si bien atestiguó que el imputado se acercó de manera sospechosa al mandatario en momentos en que abandonaba las instalaciones de la Asamblea de Potosí, este tampoco confirmó que se haya lanzado algún objeto contra el mandatario.
La abogada de la Defensa Pública, Ana María Torres, quien conoció a último momento los antecedentes del caso, ingresó en varias contradicciones durante la audiencia. Dijo que no hay pruebas que demuestren la agresión o intento de agresión de su defendido en contra del Presidente, pero al mismo tiempo señaló que se encuentra “muy arrepentido” por haber lanzado el objeto, pero luego se retractó y corrigió “por haber estado en el lugar”.
Al momento de evaluar los requisitos para aprobar las medidas sustitutivas, la Juez dijo que el imputado presentó facturas de servicios básicos pero no demostró la titularía sobre el domicilio que ocupa, también confirmó la presentación del certificado de nacimiento, cédula de identidad y la de sus padres con lo cual demostró tener una familia.
El procesado no demostró contar con un trabajo pues su abogada de defensa pública no presentó ningún certificado de trabajo. Sin embargo la mañana de ayer, el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina dijo que le ofreció un trabajo en Potosí y por consiguiente le entregaría la certificación requerida.