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Medio: El Potosí
Fecha de la publicación: lunes 12 de noviembre de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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Hace algo más de tres años, el 5 de noviembre de 2015, el gobierno del MAS sorprendió a la población boliviana al promulgó la ley Nº 757, Ley de convocatoria a referendo constitucional aprobatorio de una reforma para viabilizar la reelección indefinida de Evo Morales.
Lo hizo, como gran parte de sus maniobras políticas, con la aviesa intención de amoldar el sistema político de nuestro país a sus propios requerimientos y expectativas.
La precipitada aprobación de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas fue otro paso en el afán de dar por consumada la violación constitucional necesaria para evitar que el proceso electoral que ya está en marcha culmine con la elección de los sucesores de Evo Morales y Álvaro García Linera. Otro intento fallido pues, aunque puso en aprietos a las diferentes corrientes de la oposición, no resultó suficiente para que los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 dejen de ser el punto más débil del proyecto oficialista y el principal eje articulador de la defensa de la democracia.
Ante tales circunstancias, el plan de acción del MAS está claramente definido. Consiste en recurrir a cualquier medio, aún a costa de terminar la labor destructiva de la institucionalidad republicana y llevar al país a nuevos escenarios de violencia.
Las groseras amenazas contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral, a quienes exigen un servilismo incompatible con su investidura son una muestra de lo dicho. La arremetida represiva contra quienes salen en defensa de la legalidad republicana, es otro. En ese contexto, la detención de Rafael Chambi se constituye en una advertencia sobre los extremos a los que las fuerzas gubernamentales están dispuestas a llegar en su afán de imponer a cualquier precio su voluntad.
Así también se entiende la reanudación de una ofensiva judicial contra Carlos Mesa y su correlato, la intención de encubrir a sus correligionarios y aliados involucrados en flagrantes casos de corrupción.
No está tan claro el plan de acción de las fuerzas opositoras. Doce años de hegemonía del MAS no han sido suficientes para la conformación de un proyecto político alternativo y eso se plasma en la actual dispersión y desorientación. Debilidades que si no son superadas de inmediato, serán un factor adicional del proceso de debilitamiento en que está sumida nuestra democracia.