Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: domingo 11 de noviembre de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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El Viceministerio de Transparencia, parte demandante en el proceso contra el alcalde José María Leyes por las supuestas irregularidades en la compra de mochilas escolares para el municipio, dice que es “inviable” que la autoridad pueda cumplir funciones ediles desde su domicilio y perjudicial para la investigación.
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El viernes, en la audiencia de modificación de medidas cautelares, el juez Anticorrupción, Iver Gonzales, ratificó las medidas impuestas por el juez Fernando Pérez hace seis meses contra el Alcalde y complementó que se respeta su derecho al trabajo. Empero el abogado de la defensa, Humberto Trigo, afirmó que Leyes retomaba sus funciones.
Ante esta situación, el representante de Transparencia, Ever Veizaga, explicó ayer que la resolución no ha variado y cuestionó esa afirmación: “Si fuera así ¿por qué no trabajó desde el 22, el 23 de abril?, no se puede hacer ningún tipo de interpretación sino han variado las circunstancias”.
En tanto, la defensa manifestó que el Alcalde podría utilizar tecnología o mensajeros para no incumplir con el riesgo de contactarse con funcionarios públicos o acercarse a la Alcaldía, lo que se ratificó en la resolución.
Veizaga explicó que esta restricción no gira únicamente entorno a la posibilidad de contacto físico. Leyes, al asumir funciones, estaría en la posibilidad de despedir y mover personal, lo que resultaría perjudicial para la investigación, detalló.
Sin embargo, el abogado constitucionalista César Cabrera observa que al respetar el derecho al trabajo de Leyes, el juez determina la restitución del Alcalde.
“El momento en el que dice se le respeta el derecho al trabajo, implícitamente, naturalmente, ha determinado su restitución del Alcalde”, dijo, esto a pesar de la restricción de la detención domiciliaría que pesa sobre Leyes.
Cabrera matizó, sin embargo, que la decisión del juez “no es muy clara” ante la situación que se vive con el proceso del munícipe, pero que la autoridad estaría en la posibilidad de interpretar un retorno a sus funciones ediles.
El abogado expresó que la interpretación de la norma se basa en el favorecimiento al más débil.
En la misma línea, la Bancada de Unidad Demócrata de Cochabamba emitió un comunicado en el que asegura que “la restitución del derecho al trabajo de José María, por ende a su cargo de Alcalde, es un acto mínimo de justicia”.
La celebración de la bancada continúa a pesar de que el área de comunicación del Tribunal Departamental de Justicia aclaró que Leyes puede trabajar, “pero no puede desempeñarse como Alcalde”.
Para Cabrera el organismo que tiene que restituir al Alcalde es el Concejo al reconocer o no su restitución como autoridad edil. Esta instancia anunció que esperará la resolución escrita del juez.
La parte acusadora no apeló la decisión del juez de esta última audiencia. Este medio intentó comunicarse con la alcaldesa Karen Suárez para conocer su postura, sin éxito.
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PRÉSTAMO
Defensa cuestiona a concejal
El abogado del alcalde titular José María Leyes cuestionó que el concejal de Colcapirhua, David Suárez, tenga un patrimonio de 200.000 bolivianos y diga que prestó 1,3 millones a su defendido.
Tras la presentación de pruebas realizada por Suárez el viernes, Trigo aseguró nuevamente que la autoridad edil no conoce al presunto prestamista. “No lo ubica ni visualmente”, manifestó.
En tanto desde Demócratas aseguran que Suárez ya no forma parte de este partido a pesar de que fue electo con la sigla.
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SEPA MÁS
Audiencia Mochilas II
El alcalde José María Leyes tiene programada una audiencia para esta semana por el caso de la compra de mochilas escolares para la gestión 2017.
Resolución municipal
La Resolución Municipal 7767/2018 designó a la concejala Karen Suárez para ocupar la silla edil “hasta que cesen los efectos de la causa de impedimento del alcalde Leyes”.
Defensa de Leyes
La defensa del alcalde titular José María Leyes aseguró que “buscará la forma” para que la autoridad pueda continuar con sus funciones ediles en el municipio de Cochabamba, a pesar de continuar con detención domiciliaria.
