Los concejales de Cochabamba de las tres fuerzas aseguran que no compete al Concejo Municipal determinar la restitución del alcalde José María Leyes en su función edil, tras la controversia por la resolución del Juzgado Anticorrupción.

La defensa de José María Leyes difundió ayer el audio del juez Iver Gonzales en el que, ante la consulta de si Leyes “desde su domicilio puede trabajar con relación a su puesto de Alcalde”, manifiesta: “Ese aspecto no puede ser considerado por esta autoridad toda vez que corresponde a otra instancia, en este caso sería el Concejo Municipal”.

Ante el hecho, el concejal del partido Único, Edwin Jiménez, aseguró que las medidas restrictivas que dieron lugar a que se elija una alcaldesa siguen vigentes por lo que no se puede tomar otra determinación. “El impedimento del Alcalde lo determina la autoridad jurisdiccional, no el Concejo”, explicó.

En tanto, el presidente de este órgano, Iván Tellería (Demócratas), descartó también que el legislativo defina la situación del munícipe: “El juez le ha quitado sus derechos de trabajo, de comunicarse; es el juez el que tiene que levantar y comunicar eso y él (Leyes) a nosotros y no hay ninguna sesión”.  La Ley 482 de Gobiernos Municipales manifiesta que la ausencia por impedimento temporal surtirá hasta que cesen los efectos de ese impedimento.

“Si es que no tuviera restricción legal, entonces tendría que asumir como Alcalde. Nosotros no tenemos que tratar como Concejo Municipal”, dijo por su parte, la concejal (MAS), Celima Torrico .

El viernes, tanto el Tribunal de Justicia como el Fiscal Departamental manifestaron que Leyes puede “trabajar de todo menos de Alcalde”.

1,3 millones de bolivianos prestó el concejal David Suárez al alcalde José María Leyes y a José Miguel Padilla para comprar cemento, según la denuncia.

DENUNCIA ES “CLAVE” PARA INDAGAR RED DE ALCALDÍA

El representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, considera que el concejal (Demócrata) de Colcapirhua será un testigo clave en la investigación de la supuesta red de corrupción del municipio.

Veizaga explicó que la denuncia del concejal David Suárez aclara el presunto uso de “palos blancos” para la compra de cemento.

“Udaeta es quien pone la plata. Al concejal le han ofrecido réditos por la compra de cemento asfáltico. La denuncia amerita una investigación”.

Suárez denunció que prestó 1,3 millones de bolivianos al alcalde José María Leyes y a su mano derecha, José Miguel Padilla, para la compra de cemento sin que le hayan devuelto el dinero, y menciona al empresario Javier Udaeta. La acusación revela nuevamente la intención de involucrar a un “financista” en las adjudicaciones públicas.