Es difícil entender la lógica con la que razona el gobierno central. En un momento político particularmente delicado, cuando lo que está en debate es el respeto a la Constitución Política del Estado, crea un nuevo motivo de polémica que, dependiendo de cómo se maneje, todavía puede limitarse a una anécdota o bien convertirse en un punto de inflexión debido a la indignación ciudadana.

Se trata del caso del albañil que fue detenido en Potosí debido a que un fiscal de materia, en lo que actualmente parece un exceso —por decir menos—, le imputó por la presunta comisión del delito de “atentados contra el Presidente y otros dignatarios de Estado” tipificado como tal en el artículo 128 del Código Penal boliviano.

Tomando en cuenta la politización evidente en la que ha caído la justicia boliviana, un análisis jurídico de este caso resulta irrelevante. Casos como el del médico Jhiery Fernández han demostrado que las leyes son simples impresiones en papel, de escasa relevancia para jueces y fiscales que, a la hora de su aplicación, son capaces de todo, incluso de inventar pruebas para encerrar a un inocente.

Está claro que el supuesto atentado no fue contra la vida del Presidente así que, aún hoy, la polémica gira en torno a si el imputado le echó agua al Presidente o le arrojó una bolsa con coca. El video difundido por el gobierno no aclara nada al respecto porque está claramente editado. Se ve al individuo sacar algo de su mochila y guardarlo en su bolsillo pero luego, en el momento del incidente, no se puede apreciar nada más debido a que las imágenes son borrosas precisamente en esa parte.

Por lo visto, el gobierno, actuando —como casi siempre— en connvivencia con la Fiscalía, se esfuerza en demostrar que el detenido intentó agredir físicamente a Evo Morales. La defensa, por su parte, intenta demostrar que no hubo intento de agresión sino de expresar una opinión ciudadana, el “Bolivia dijo no” que el imputado gritó en el momento de incidente.

Al margen de cuestiones políticas o judiciales, la indignación ciudadana ya se ha expresado en las redes. La detención del imputado se ha visto como un atentado a la libertad de expresión y que se la haya dado medidas sustitutivas a la detención preventiva no logrará que se aplaquen las cosas.

Por ahora, este detenido es solo un hombre. Si este caso se extiende, se convertirá en un símbolo, uno que le podría causar más de un dolor de cabeza a un partido gobernante empeñado en reelegir al Presidente.