En medio de la propuesta política de Demócratas, el anuncio de medidas en defensa de los resultados del 21-F y el posible el acercamiento con otras propuestas políticas que buscan enfrentar al MAS, la imagen de José María Leyes, alcalde suspendido de Cochabamba, fue la más abanderada en el tercer congreso de la fuerza política opositora y recibió el apoyo de sus compañeros de frente.

Después de más de seis meses de suspensión de su cargo como alcalde de Cochabamba, el juzgado de ese departamento determinó restituir su derecho a ejercer un trabajo, sin que ninguna medida cautelar pueda afectar a este derecho.

Desde Demócratas, partido al que responde Leyes, reiteraron que el político cochabambino es víctima de un juicio político que buscaba apartarlo de su función como autoridad pública. Incluso el propio Rubén Costas manifestó durante su discurso que el partido cree en su compañero y recordó que Leyes barajó la posibilidad de pedir licencia o renunciar ante el comité ejecutivo nacional de Demócratas.

“No necesita renunciar ni pedir licencia porque creemos en su inocencia”, sostuvo el gobernador entre gritos de apoyo.

Una fuente del partido liderado por Costas difundió un audio en el que supuestamente el juez Iver González señala que el imputado queda restringido de ir al municipio, pero no a ejercer sus funciones como alcalde y es el Concejo de Cochabamba quien debe disponer si Leyes puede volver a ser alcalde desde su domicilio. EL DEBER intentó contactarse con el juez para tener detalles al respecto, pero no hubo éxito para tener una visión más amplia sobre el dictamen.

En este contexto, los militantes de la fuerza opositora demandaron el cese de la persecución política y las garantías para el funcionamiento democrático de la Alcaldía cochabambina y sus autoridades, así como la restitución de los derechos de Leyes para que pueda ejercer desde la silla de burgomaestre. Rechazaron lo vertido en días anteriores, de que Leyes no puede volver a ser alcalde.

La situación

La autoridad suspendida permanece con detención domiciliaria desde el 21 de abril después de que el Viceministerio de Transparencia inició la acusación por supuestas irregularidades en la compra de mochilas escolares para el municipio.