Después de casi tres horas de reunión, los representantes de sectores sociales e instituciones del departamento cruceño, determinaron el camino que seguirá desde el llamado "Gobierno moral de los cruceños".

Medidas. Cerca de las diez de la noche se leyó la resolución que consta de ocho puntos, aprobada y respaldada por todos los que conforman dicha Asamblea.

Si bien no existe una fecha marcada para llevar adelante la medida de presión, la Asamblea determinó realizar un paro cívico con alcance nacional, tal y como lo exigían en los últimos días, las plataformas y colectivos ciudadanos.

Luis Fernando Camacho fue el delegado de la Comisión de Plataformas que se formó la semana pasada y quien dio a conocer las propuestas de los jóvenes como rechazo a la sentencia de los magistrados del TCP. El Comité pro Santa Cruz fue cuestionado en los últimos días por su pasividad al no asumir una acción firme en contra de la intención del Movimiento Al Socialismo (MAS) de perpetuarse en el poder.
En el evento se observó masiva presencia de los delegados de instituciones, además de los expresidentes, que de manera general apoyaron la medida extrema del paro cívico.

Movilizaciones. Mientras se desarrollaba la Asamblea de la cruceñidad, las Plataformas, colectivos y agrupaciones ciudadanas que en los últimos días estuvieron movilizados y presionando para realizar un paro cívico, decidieron hacer una vigilia en la plaza principal 24 de Septiembre de la capital cruceña.

Los jóvenes acordaron alejarse de las oficinas del Comité pro Santa Cruz, para evitar malos entendidos en el lugar y a la vez disturbios de posibles infiltrados.

Sin embargo, un grupo de mujeres activistas en contra del fallo del TCP que marcharon pacíficamente desde el Cristo a la plaza 24 de Septiembre, pasaron en silencio por el frontis del Comité Cívico, cargando flores, velas y acompañadas de una banda que tocaba la marcha fúnebre, como hace quien visita a un difunto, en alusión al silencio de la institución y a la muerte de la democracia. Las mujeres arrojaron sus flores a la oficina del Comité y después de esto continuaron su paso hacia el centro cruceño para reunirse con el resto de jóvenes concentrados, esperando las decisiones de la Asamblea de la Cruceñidad.

Oficialismo.  Horas antes de que se realice la Asamblea de la Cruceñidad, desde el Gobierno, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, retó al Comité Cívico de convocar si tiene la capacidad para hacerlo.  "Son voces que tratan de convocar, hasta ahora no han tenido ningún tipo de convocatoria. Veremos primero si tienen capacidad de convocatoria, hasta ahora no han podido", manifestó.

A esto se sumó el viceministro de autonomías, Hugo Siles, expresando su desacuerdo con las medidas de los cívicos cruceños. "Muy difícil que un departamento tan dinámico pueda hacer paros o inmovilizarse. No estamos de acuerdo que el departamento se paralice y esperemos que los cívicos estén lecturando lo mismo. El crecimiento de la economía en el país y nuestra estabilidad son patrimonio que debemos preservar", dijo.

Desde la oposición, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, cuestionó la declaración de la ministra de Comunicación, Gísela López, cuando días atrás desafió a la dirigencia cívica a someter a consulta de los empresarios la posibilidad de un paro.  "Es una extorsión pública lo que ha hecho la Ministra de Comunicación. Es decirle a los empresarios si acatan la medida del Comité Cívico les vamos caer con represalias. Lo denuncio públicamente", sostuvo el legislador opositor.

Preocupación. En tanto, la Iglesia Católica emitió hoy un comunicado para expresar su preocupación y rechazo a la resolución del TCP, que dio luz verde a la reelección indefinida de autoridades. "Los Obispos de Bolivia no podemos callar ante la Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, ya que desconoce dos referendos en los que el pueblo boliviano ha expresado su voluntad soberana: el que aprobó la Constitución en el año 2009 y el que rechazó la apertura de la Constitución para optar a la reelección en el año 2016, ambas iniciativas impulsadas por el mismo gobierno", señala el comunicado emitido por los obispos de Bolivia a través de la Conferencia Episcopal Boliviana. Denuncian una mala interpretación del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuyo verdadero objetivo es "proteger a los ciudadanos de la perpetuación en el poder de los gobernantes".

Advierte que la determinación del TCP abre el camino al totalitarismo y el dominio del más fuerte. "Se han roto los principios básicos de la democracia: el respeto a las leyes, a la institucionalidad y a la separación de los poderes del Estado, lo que abre el camino al totalitarismo y al dominio del más fuerte, con el consiguiente menoscabo de la libertad del pueblo. Esta sentencia significa un retroceso en la democracia del país", añade el texto.
Ante esto, desde el MAS, la diputada Sonia Brito, respondió cuestionando el rol de la Iglesia en el país. "El discurso que utiliza la Iglesia es el discurso de la derecha, el pueblo dice, habla y es diverso y hay que escuchar a las mayorías, a los sectores olvidados y ellos también tienen opinión unánime", mencionó.

7 Días 
De movilización en contra de la sentencia del TCP se han registrado.

Resolución