Un usuario de redes sociales puso la situación de manera muy ilustrativa: tras conocerse que un diputado del MAS –Domingo Soto– se había desnudado en el aeropuerto de Cochabamba, fue inmediatamente expulsado del MAS y de la bancada oficialista. Pero ahora que otro diputado ha sido acusado de violencia contra su pareja, Karen D., el MAS actúa de manera cómplice, presentando sólo algunos tímidos pedidos de que se realice una investigación.

Esto es muy demostrativo de la manera cómo actúa la bancada oficialista y en general el sistema político en relación con  la violencia contra la mujer: con acciones hipócritas y contradictorias.  El hecho de desnudarse en un lugar público, como lo hizo Soto, es una falta menor comparada con la violencia contra la mujer. La diferencia es que Soto era un legislador sin influencia ni poder, mientras que el supuesto agresor, Henrry Cabrera, quien domina el populoso barrio Plan 3.000 de Santa Cruz, es poderoso y por ello es protegido por la jerarquía de su partido.

De poco sirvieron las impactantes imágenes en las que se ve a la víctima con el rostro lacerado por los golpes; de poco sirvieron sus denuncias ni su terror; de poco sirvieron los testimonios de allegados que corroboraron que el diputado Cabrera solía ser brutal con su pareja y que le causaba impedimentos de más de 15 días cuando la golpeaba; tampoco fueron determinantes las palabras de su familia que  le espetaron en la cara al diputado su indolencia y crueldad. 

Nada. Antes de que la justicia reaccionara, Cabrera, parapetado por sus adláteres y tomado de la mano de su esposa, negó las evidencias con el pretexto de que querían perjudicarlo políticamente. Y, luego, también antes de que la justicia reaccionara, la víctima se acercó a las autoridades para desistir de su acusación y pedir/rogar que no tomen represalias contra ella. ¡O sea que Karen tuvo que dar pie atrás porque era ella, no el agresor, la que estaba en riesgo de ser procesada! 

También antes de que la justicia reaccionara, Cabrera –muy orondo– pidió “licencia sin goce de haberes” al Legislativo, cuya Comisión de Ética  está evaluando el caso y esperará hasta el próximo martes para ver qué determinación adopta: si admite o no la denuncia por faltas graves y muy graves, y por ejercer violencia física y psicológica contra su pareja (todavía no lo tienen claro). 

Finalmente –y la justicia sigue sin reaccionar–, la víctima tuvo que comparecer ante un juzgado para firmar “la conciliación”, y comprometerse a olvidar toda denuncia. Para someterla al silencio. “La víctima solicitó la conciliación;  además, presentó un desistimiento de la acción penal y el retiro de querella. El acuerdo que firmaron dice que no deben agredirse y ni iniciarse procesos penales. (…) Con el desistimiento, el proceso penal se acaba”, dijo la jueza, una mujer como ella, justificando lo injustificable.

Todo esto, a pesar de haberse dado en las oficinas de un juzgado, se ha hecho sin que la justicia reaccione. En realidad, no hay justicia para las mujeres que son víctimas de violencia. Hay leyes, hay denuncias y hasta hay procesos, pero no hay justicia. Tanto más si se busca  lograr  justicia frente al poder político.

En el fondo, aunque este Gobierno se precie de haber aprobado una ley contra la violencia machista, es más la retórica que la convicción. El poder puede más. Mucho más. Cuando la violencia toca, como muchas veces se ha visto en estos años, las investiduras de un poderoso, todos y todas se ofrecen para servirle en bandeja la impunidad. El eslogan de “no calles, denuncia, el silencio mata”,  sirve para las campañas y para las masas, no para las élites políticas ni económicas. Así de vergonzoso.

Por eso, quien se desnuda en un aeropuerto, de manera pública, es más culpable que alguien que golpea brutalmente a su pareja dentro de cuatro paredes. Aunque algunas voces dentro del partido en gobierno levanten exigiendo sanciones y esclarecimientos, la conclusión es una sola: ante la violencia y el machismo del poder es mejor mirar para otro lado.