El oficialismo ha lanzado una nueva acusación contra el expresidente Carlos Mesa, candidato a las elecciones del próximo año. La diputada del MAS Susana Rivero, quien es presidenta de la Comisión Mixta de Investigación de Lava Jato en Bolivia, expresó que existen “serios indicios” de irregularidades respecto a supuestos sobornos, numerosos viajes y movimientos irregulares de dinero de parte de Mesa y de otros siete exfuncionarios. Las otras exautoridades implicadas son un exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, un exministro y dos exviceministros de Mesa, un exministro de Eduardo Rodríguez Veltzé  y dos exgerentes del Servicio Nacional de Caminos.

Rivero explicó que la comisión que trabaja ese tema ha “decodificado” los “movimientos sospechosos” bancarios de Mesa y que gracias a ello se han “detectado movimientos inusuales y sospechosos”. Supuestamente, la empresa Camargo Correa entregó sobornos para adjudicarse el tramo carretero Roboré-El Carmen.

El lenguaje utilizado por Rivero puede ser engañoso. Dice que se han “decodificado” las cuentas bancarias, cuando en realidad fue el expresidente Carlos Mesa el que autorizó que se hicieran públicas. En ese sentido, no se necesitaba “decodificar” nada y lo único que podría hacer la comisión es establecer si ha habido depósitos de cifras exageradamente altas en algún momento y luego pedir al exmandatario que explique su origen. Nada más. Esos documentos, por lo demás, debieran ser pruebas contundentes, no solamente insinuaciones, puesto que no se han precisado ni las fechas ni los montos de esos supuestos “movimientos sospechosos”.  Tampoco se han establecido las fechas ni se han dado a conocer las pruebas de las supuestas coincidencias entre los viajes de Mesa y los ejecutivos de Camargo Correa.

El expresidente rechaza las acusaciones, pero no quiere “entrar en el juego” del MAS por lo que se niega a responder sobre sus viajes y cuentas, con el argumento de que no está acusado de nada.

Este es el segundo ataque del Gobierno contra Carlos Mesa en meses recientes. El anterior fue el referido a Quiborax, pero resultó ser contraproducente para el Gobierno. El oficialismo quiso endilgar a Mesa la derrota del país en el arbitraje del CIADI por el caso Quiborax, pero luego se supo que Bolivia podía haber pagado primero tres millones de dólares, luego 27 millones y que finalmente pagó 42,6 millones de dólares. También se conoció que una abogada que dependía en su trabajo del actual ministro de Justicia, Héctor Arce,   prestó su computadora a un abogado de la parte chilena. La funcionaria nunca fue investigada.

En el caso actual, si el Gobierno quiere tener un poco de credibilidad, debe demostrar con exactitud qué operaciones bancarias realizadas por Mesa son sospechosas y presentar los supuestos nexos de los depósitos con Camargo Correa.

Por otro lado, debe investigar también a autoridades de otros periodos gubernamentales (concretamente el de Rodríguez Veltzé y el de Evo Morales) en el entendido de que los contratos y obras observadas se ejecutaron cuando Mesa dejó de ser presidente. Recordemos que las investigaciones se basan en un reporte de la Policía brasileña que señaló que las supuestas coimas canceladas por Camargo Correa se pagaron entre el 19 de septiembre de 2005 y el 18 de agosto de 2008.

Tampoco es sustentable la idea expuesta por la diputada Susana Rivero de que Mesa habría “amarrado” la obra Roboré-El Carmen con anterioridad, para que se construyera después. Y el argumento es que la línea de crédito de 600 millones de dólares de Brasil no fue desembolsada durante su gobierno, sino después. Finalmente, Mesa ha recordado que el tramo carretero mencionado no se inició en su gestión y que el contrato lo firmó su sucesor, Rodríguez Veltzé.

No se puede ni incluir a otros mandatarios ni librarlos de culpa mientras estos detalles no queden demostrados. Entretanto, esto parece demostrar que las acusaciones contra Mesa están políticamente motivadas.