La jueza Quinto Cautelar de la ciudad de Potosí, Gladis Romero determinó pasada las 22.00 horas del sábado, las medidas sustitutivas a la detención preventiva para el joven albañil de Potosí, Rafael Chambi Julián, quien gritó Bolivia dijo No y fue imputado por el presunto delito de “atentados al Presidente y otros dignatarios”, a quien le prohibió asistir a los actos públicos donde se encuentre el mandatario. Deberá guardar detención domiciliaria.

La Fiscalía solicitó las medidas sustitutivas a la detención preventiva para Rafael Chambi Julián a quien imputó con el nombre de Moisés Montero Chambi. Insistió que hubo la intención del imputado de agredir al Presidente. También aseguró que lanzó un objeto, aunque no pudo sostener dicha sindicación. 

Durante la audiencia de medidas cautelares convocada para las 20.00 horas, los representantes del Ministerio Público solicitaron las medidas sustitutivas para Chambi a pesar que insistieron que el imputado no pudo desvirtuar el riesgo de fuga y que el delito de atentado es sancionado entre cinco a diez años y que por tanto no se beneficia con la libertad preventiva.

A pesar que la Fiscalía no demostró en audiencia que el procesado arrojó un objeto en contra de la humanidad del mandatario a través de una transmisión de video sin sonido y baja resolución visual, insistió que el hecho sucedió.

La jueza a su turno consideró que las imágenes expuestas no demuestran que Chambi haya agredido al Presidente ni que le haya lanzado un objeto. “Interesante sería saber qué elemento se lanzó, pero no se tiene el objeto”, dijo. 

En alusión a las declaraciones de Jorge Pablo Orejón, funcionario de la Intendencia que intervino al momento en que gritaba Chambi, dijo que si bien atestiguó que el imputado se acercó de manera sospechosa al mandatario en momentos en que abandonaba las instalaciones de la Asamblea de Potosí,  este tampoco confirmó que se haya lanzado algún objeto contra el mandatario.

La abogada de la Defensa Pública, Ana María Torres, quien conoció a último momento los antecedentes del caso, ingresó en varias contradicciones durante la audiencia. Dijo que no hay pruebas que demuestren la agresión o intento de agresión de su defendido en contra del Presidente, pero al mismo tiempo señaló que se encuentra “muy arrepentido” por haber lanzado el objeto, pero luego se retractó y corrigió “por haber estado en el lugar”.

 Al momento de evaluar los requisitos para aprobar las medidas sustitutivas, la Juez dijo que el imputado presentó facturas de servicios básicos pero no demostró la titularía sobre el domicilio que ocupa, también confirmó la presentación del certificado de nacimiento y cédula de identidad  y la de sus progenitores con lo cual demostró tener una familia.

La jueza dijo que el procesado no demostró contar con un trabajo pues su abogada de defensa pública no presentó ningún certificado de trabajo. Sin embargo en horas de la mañana, el empresario y jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina dijo que le ofreció un trabajo en Potosí y por consiguiente le entregaría la certificación requerida.

Estrategia del perdón 

El abogado Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Germán Mamani denunció la noche del sábado, previa la audiencia de medidas cautelares del joven albañil, Rafael Chambi Julián, que en contra de la voluntad del imputado de “atentado” al Presidente, le impusieron defensa pública para obligarle a pedir perdón a Evo Morales.

“En contra de su voluntad y violando todos sus derechos a la debida defensa, nos han hecho a un lado a los abogados que estábamos dispuestos a defender a este joven, y valiéndose de su condición humilde y la desesperación de su madre que es una persona mayor, han armado una estrategia para que Rafael pida perdón y así admita un delito que no cometió”, afirmó el jurista en contacto con ANF.

Señaló que desde el Gobierno hay instrucciones para que la audiencia se desarrolle de manera hermética vulnerando todos los procedimientos. Observó que para evitar la publicidad de la audiencia se convocó paras las 20:00 la audiencia de medidas cautelares.

“Parece que ya le han hecho pedir perdón en sus declaraciones a cambio de liberarlo (…). Seguramente le están exigiendo una carta firmada pidiendo perdón y le pusieron defensa pública para que oculte la vulneración de los derechos”, señaló.

En criterio del abogado, incluso la madre del imputado habría sido amedrentada y presionada para que rompa contacto con todos a fin de “coadyuvar en la liberación rápida de su hijo”.

Rafael Chambi fue aprehendido el viernes luego de un acto en la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, luego de gritar Bolivia dijo No en momentos en que el presidente Evo Morales abandonaba las instalaciones. Posteriormente salieron versiones de que el joven albañil le echó agua al mandatario, lo cual no pudo demostrarse.

Durante este sábado se difundió un video editado atribuido a la Asamblea Departamental de Potosí afín al Gobierno, en el que se induce con textos de que Chambi tuvo un comportamiento sospechoso previo al incidente con el Presidente y que cuando el Jefe de Estado pasó cerca el ahora imputado intentó agredirlo. 

Amedrentado con 8 años de cárcel

En las últimas apareció un video donde se observa cómo el joven detenido es amedrentado por un supuesto funcionario de Gobierno que le advierte que podría ir a la cárcel hasta 8 años por ofender al Presidente.