Las iniciativas fueron presentadas, desde octubre de 2017, por los senadores Arturo Murillo y Óscar Ortiz (UD), a la que se sumaron los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Víctor Hugo Cárdenas.

Posteriormente, tras el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), los exdefensores del Pueblo Rolando Villena y Waldo Albarracín presentaron otra petición. En diciembre de ese año, los autodenominados exiliados políticos, Manfred Reyes Villa y Mario Cossío, sumaron un nuevo recurso. En enero de 2018, el partido Demócratas y Unidad Nacional entregaron una petición de medidas cautelares y posteriormente el expresidente Jorge Tuto Quiroga pidió una consulta a la OEA. Luego el comité cívico de Santa Cruz y el alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, presentaron otro recurso.

El exdefensor Albarracín explicó que la petición que dejaron junto a Villena logró ingresar al sistema de la CIDH, pero no se registró ningún otro avance. La comisión no empezó siquiera a analizar ni a investigar el caso.

“Estas denuncias demoran mucho, son cientos de casos que entran a la CIDH y se analizan por secuencia. Nos han respondido que han recibido (la denuncia), pero todavía no han empezado la investigación”, dijo.

En este sentido, afirmó que, siendo objetivos, es obvio que hasta el 8 de diciembre, fecha en la que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicará la lista de candidatos habilitados, no va a llegar ninguna respuesta de la CIDH. “Ahora con lo que contamos es más que todo con los recursos internos, las movilizaciones, estrategias de lucha de la sociedad, de las plataformas, los cívicos”.

Albarracín admitió que no hay plena confianza en que el TSE cumpla con el 21F, pero no pierde las esperanzas.

“Si el TSE admite a Evo estaríamos entrando ya a un periodo de dictadura y eso genera un nuevo escenario”, aseveró.

En la misma línea, el senador Óscar Ortiz, afirmó que se han hecho visitas y peticiones a la CIDH, se han enviado documentos y pruebas adicionales, pero aún no hay una respuesta. “Entonces lo que hacemos es seguir presentando documentos y pruebas para fundamentar y la CIDH pueda tomar una decisión antes del escenario electoral”, aseveró.

“Vamos a seguir insistiendo, antes de que se desarrolle el proceso electoral de 2019, para que se pueda tomar una decisión del fallo”, insistió.

El legislador señaló que no sólo está abierta la posibilidad de la petición, sino que también está el camino de la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pero esta sólo puede activarse desde la Secretaría General o por petición de algún presidente de un país miembro.

Ortiz admitió que es difícil que un país pida una consulta, pero ya se están haciendo las gestiones con otros gobiernos.

El expresidente Tuto Quiroga es uno de los más fervientes impulsores de esta opción. 

Consciente de que los tiempos corren y que el espacio se achica, pidió a los Gobiernos de Colombia y Brasil que puedan pronunciarse respecto al 21F, ya que ambas naciones fueron garantes del acuerdo que permitió destrabar la aprobación de la Constitución de 2009, en la que sólo se permite una reelección continua. Señaló que está a la espera de respuestas, pero aún no tiene nada concreto.

Sobre el punto, Albarracín dijo que “hay esa posibilidad de la consulta, pero hasta ahora nadie la ha activado, ni el secretario general (Luis Almagro) ni ningún presidente”.

“Estamos insistiendo en una audiencia con Almagro. No perdemos la esperanza, pero estamos apostando más a nuestros recursos internos”, apuntó el rector de la UMSA.

Por su parte, Ortiz no pierde las esperanzas. Señala que la CIDH podría pronunciarse aunque en la etapa final de las elecciones de 2019 y que el TSE tendrá que acatar esa resolución.

Sin embargo, admite que lo principal está en casa y que la tarea urgente es de la ciudadanía. “En el ámbito nacional lo que queda es el TSE, afuera está la CIDH y alguna consulta que pueda hacer algún estado frente a la corte. Se están haciendo gestiones, pero obviamente no es una medida fácil de conseguir”.

Por ello, manifestó Ortiz, lo más confiable es que la movilización ciudadana pueda frenar las medidas de este Gobierno como pasó con el Código Penal. 

“Aquí corresponde la demanda ciudadana sobre el TSE, y obviamente continuar las gestiones ante la CIDH y otros gobiernos para que se pronuncien y se haga una consulta”.  

“La Sentencia  del TCP no habilita a Evo Morales” 

El abogado constitucionalista y exmagistrado José Antonio Rivera, afirmó que no hay ningún argumento legal para que el TSE habilite al presidente Evo Morales. 

Explicó que la Sentencia Constitucional 084 no señala en ninguna parte que se habilita al primer mandatario, solo dispone de manera abstracta la aplicación del artículo 23 de la Convención de Derechos Humanos.

Asimismo, aseveró que no pueden cambiarse las reglas a medio camino, ya que Morales fue elegido por cinco años sin posibilidad de reelección mucho más por el resultado del 21F. En todo caso, la

Sentencia Constitucional podría entrar en efecto hacia adelante, en las próximas elecciones de 2024, pero de ninguna manera para los actuales mandatarios.
“La sentencia en todo caso no puede aplicarse hacia atrás. Entonces no hay posibilidad jurídica de habilitar, lo contrario es violar a la norma y es antidemocrático”, afirmó el constitucionalista.

Hay dos vías para defender el 21F

El constitucionalista José Antonio Rivera explicó que hay dos vías en el Sistema  Interamericano de Derechos Humanos: una petición ante la CIDH, que es un proceso largo que tarda al menos dos o tres años, y la consulta a la Corte IDH, que tarda entre 10 y 12 meses y consiste en una interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que defina si la reelección es un derecho humano o no. Esta vía es la más expedita, pero requiere la activación por parte de un presidente o el Secretario General de la OEA y hasta la fecha ninguna de las dos instancias ha aplicado este procedimiento.

CIDH desestimó cautelares

En agosto de este año, el relator de la CIDH para Bolivia, Francisco Eguiguren, en una visita oficial, indicó que las peticiones  por el 21F están en trámite, pero señaló que la comisión evaluó las medidas cautelares solicitadas por una de las partes, y que se decidió no dar curso a éstas. Sin embargo, el relator explicó que las cautelares podrían activarse en caso de que exista peligro de confrontación o de afectación a la vida. Eguiguren aseguró que ninguna puerta está cerrada, pero que cada procedimiento tiene sus plazos. Al menos dos peticiones de medidas cautelares llegaron desde Bolivia a la CIDH.

ANÁLISIS

“Sólo pedimos a los vocales que apliquen la ley”

Se dirá que el TSE ya está cooptado por el Gobierno y que la habitación ilegal ya está decidida con algunas “disidencias” que serán irrelevantes. Es probable, pero entre la fuerza ciudadana de la movilización en contra del prorroguismo y la testarudez también movilizada del continuismo, algo de luz jurídica constitucional podría disipar lo que son penumbras amenazantes a la vigencia democrática. Sólo se está pidiendo a los máximos jueces electorales, que dejen de lado sus preferencias políticas, que no se atengan a ninguna amenaza, y que sólo  apliquen la ley y los principios básicos del derecho, lo que no privará jamás a nadie y menos a la mayoría nacional democrática de pedir en las calles que no se malogre la vigencia de la libertad ya largamente lastimada en estos años.

Juan del Granado Abogado y exlíder del MSM