Durante el desarrollo de una sesión ordinaria del legislativo municipal desarrollada ayer, se dio lectura a la nota remitida por el alcalde Bazán en la que anunciaba su reincorporación al cargo, luego de fundamentar que el impedimento temporal por el cual no podía acudir a sus funciones, había cesado.

En consecuencia, el pleno del Concejo no asumió posición alguna posterior a conocer el contenido del documento, más que solo remitir copias a las instancias legales pertinentes.

"Lo que se ha hecho es cursar el recibo de la nota y se va a remitir copias a las instancias que correspondan en el caso del Ministerio de Transparencia, el Ministerio Público, a la Procuraduría General de Estado (PGE) y otras instancias que tienen que ver con el tema del proceso, no tenemos por qué asumir una determinación", afirmó Henry Rojas, presidente del Concejo Municipal.

Si bien el burgomaestre electo presentó toda la documentación emanada por la justicia, este no debió ser remitido al conocimiento del Concejo, según el criterio de la comisión de Asuntos Legales, reiterando una vez más que el ente deliberativo no tiene las facultades para definir o asumir una postura de aprobación o rechazo.

"Es de extrañar por qué nos hace conocer, nosotros no deberíamos conocer esos extremos (…) no sé cuál será el propósito, cuál será el objetivo y el motivo por el que nos ha hecho conocer, pero en la resolución del Concejo ahí queda el tema, nada tenemos que ver en este tema", indicó José Rojas, presidente de la comisión de Asuntos Legales. 



AUTORIDAD 

JURISDICCIONAL

Según el abogado, Óscar Ayala, se espera que en los siguientes días el Órgano Jurisdiccional se pronuncie respecto a una solicitud expresa que le autorice al alcalde, Edgar Bazán, cumplir con su derecho al trabajo, con el que no habría impedimento para reasumir sus funciones.



ANTECEDENTES

Bazán fue suspendido temporalmente al ser acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado en la compra irregular de 41.000 mochilas dentro el programa "Mi carpeta" en la gestión 2016-2017, mismas que deberían haber sido confeccionadas en territorio nacional, pero fueron importadas desde China, ocasionando una afectación económica al municipio de unos 2 millones de bolivianos. Por este hecho fue imputado y enviado a la cárcel de San Pedro, de manera preventiva el 12 de mayo de esta gestión, logrando su libertad bajo detención domiciliaria el 24 de septiembre.