Medio: La Patria
Fecha de la publicación: domingo 11 de noviembre de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Renuncias y cambios de autoridades electas
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La Ordenanza Municipal 016/2018 de designación de la concejal, Hilaria Sejas como alcaldesa interina de Oruro goza de legitimidad y plena vigencia en su aplicación, mientras no se conozca un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), según lo afirmó el presidente del Concejo Municipal, Henry Rojas.
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Ayer, en sesión ordinaria, el debate sobre la legalidad o no de la ordenanza en cuestión reflejó una vez más criterios divididos entre los miembros del pleno del Concejo Municipal, pero llegando a la conclusión en que la competencia de esta determinación no puede ser asumida por el ente deliberante.
Según el concejal Oswaldo Olivera, la forma de promulgación de dicha norma podría traer consigo diferentes problemas a futuro, recordando que el principal cuestionamiento se enmarca en objetar que haya sido promulgada por la concejal, Hilaria Sejas, ya que hasta entonces todavía no ostentaba el cargo de alcaldesa interina de Oruro.
En consecuencia, postuló la posibilidad de abrogar dicha ordenanza, por los riesgos que conllevaría para el municipio.
LEGALIDAD
Esta posición fue refutada por el presidente del Concejo Municipal, Henry Rojas, asegurando que una interpretación jurídica no puede generar incertidumbre en la población al no ser la instancia competente por las atribuciones del legislativo municipal.
"Qué es lo que resta, que se pronuncie una instancia legalmente habilitada para decir esto es ilegal (ordenanza 016/2018), en tanto esa instancia no se pronuncie nadie puede decir que es ilegal. Nuestra ley 001 (de Ordenamiento Jurídico) dice que toda norma goza de estabilidad, presunción de legalidad y es de cumplimiento obligatorio en tanto y cuanto sea derogada, abrogada o declarada inconstitucional, nada de ello ha ocurrido", indicó Rojas.
En otra lectura se hizo hincapié que a la promulgación de la ordenanza el 18 de mayo de esta gestión, el plazo para presentar observaciones en el caso de ser pertinente comprende 10 días, aspecto que hasta octubre no fue de manifiesto de ninguna autoridad. Fue entonces que el informe de la comisión de Asuntos Legales sugirió que "quien se sienta afectado en sus derechos" pueda acudir a la instancia correspondiente llamada por ley que es el TCP.
PROYECTO DE LEY DE ABROGACION
No obstante, la concejal secretaria, Denisse Villca, presentó un proyecto de abrogatoria a la ordenanza 016/2018, misma que fue derivada a la comisión de Asuntos Legales del ente deliberante que analizará su contenido en el plazo de 10 días de acuerdo a normativa.
