Sin embargo, mientras el fiscal de ese distrito, Juan de La Cruz Vargas Vilte, tras ratificar las restricciones impuestas a Leyes afirmó que no puede retomar a sus funciones de burgomaestre, mientras el abogado Humberto Trigo aseguró que Leyes volvería a ejercer su función edil desde su domicilio.

“El juez ha determinado que no hay ninguna suspensión para el trabajo de Alcalde Municipal”, remarcó el jurista en declaraciones públicas en la ciudad de Cochabamba.

Frente a las declaraciones de Trigo, el Fiscal Vargas Vilte sugirió que el abogado defensor de Leyes tendría algún interés especial para tergiversar la realidad y consideró que la posibilidad de trabajar no implica las funciones ediles, además de la prohibición de no mantener contacto con funcionarios y oficinas municipales.

A diferencia, concluida la audiencia, Trigo declaró a medios de comunicación de esa ciudad “Tenemos nuevamente Alcalde, veremos la forma de trabajo veremos si se utilizará mensajeros o recursos tecnológicos para que Leyes pueda cumplir con sus funciones”.

Desde hace casi seis meses, Leyes permanece con detención domiciliaria tras la acusación del Viceministerio de Transparencia por el por supuestos sobreprecios en la compra de material escolar, proceso que en opinión de la asambleísta Lineth Villarroel, del Movimiento Demócrata Social, es un juicio político.

“José María ha defendido su inocencia y se ha sometido a una investigación parcializada, dada la falta de independencia de la justicia boliviana. Durante la investigación, no se le ha podido demostrar ningún acto irregular y, por el contrario, las pruebas aportadas por el Gobierno y la Fiscalía se han ido cayendo una a una”, expreso Villarroel.

Esta determinación del juzgador demuestra que el presente se trata de un juicio político, que buscaba apartar de su cargo al joven alcalde cochabambino, por ser opositor al gobierno del MAS, argumentó la representante Demócrata.