De acuerdo a procedimiento legal y administrativo, un primer paso será determinado por el pronunciamiento del Órgano Jurisdiccional que autorice el derecho al cumplimiento de la jornada laboral del alcalde de Oruro, pese a que esta disposición está contenida en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado (CPE) en base a las leyes que reglamentan su ejercicio.

"Cuando la autoridad jurisdiccional considera que el imputado, acusado (Edgar Bazán) puede o necesita acudir a su fuente laboral, él puede otorgarle una autorización sin que esto modifique la detención domiciliaria, entonces el escenario "A" es que el Órgano de Control Jurisdiccional que nos ha dado la posibilidad de cesar la detención preventiva debe pronunciarse con relación a ello", afirmó Oscar Ayala, abogado del alcalde Edgar Bazán.

Un segundo paso hace referencia a la determinación del Concejo Municipal respecto a la ordenanza 016/2018 de designación de la autoridad interina al frente de la alcaldía, ante la ausencia temporal de la autoridad electa.

En este caso, la ordenanza vigente deberá ser abrogada para que la alcaldesa interina, Hilaria Sejas, pueda regresar a sus funciones de concejal munícipe y el alcalde, Edgar Bazán, reasuma sus funciones pese a que el proceso judicial al cual todavía es sujeto siga su curso.

"Vamos a estar a la espera, no de la admisibilidad que dé el Concejo porque no tiene esa competencia, sino que se pronuncie con respecto a la ordenanza municipal (16/2018) para que no exista una duplicidad de autoridad ejecutiva en función a una ordenanza municipal y también en función a una elección democrática que se ha hecho el 2015", agregó.

Si bien se dijo que el Órgano Jurisdiccional debe emitir su pronunciamiento en un plazo de 24 horas posterior a la solicitud, se aguarda que en los siguientes días se pueda conocer una notificación oficial.



ANTECEDENTES

Cabe señalar que el alcalde Edgar Bazán fue suspendido temporalmente al ser acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado en la compra irregular de 41.000 mochilas dentro el programa "Mi carpeta" en la gestión 2016-2017, mismas que deberían haber sido confeccionadas en territorio nacional, pero fueron importadas desde China, ocasionando una afectación económica al municipio de unos 2 millones de bolivianos. Por este hecho fue imputado y enviado a la cárcel de San Pedro el 12 de mayo de esta gestión de manera preventiva, logrando su libertad bajo detención domiciliaria el 24 de septiembre.