CONSIDERACIONES

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, en el marco de un Consejo Nacional de Presidentes de entidades afiliadas y, de manera unánime, consideró que el centro de la atención del sector empresarial del país es la economía, el empleo y la generación de valor. “En ese marco, nuestro rol es invertir y promover desarrollo; para ello, es condición indispensable, la prevalencia del Estado de Derecho y la democracia como pilares esenciales de la vida nacional”.

PACTO SOCIAL

El pronunciamiento del sector señaló que la Constitución Política del Estado, “refleja un pacto social entre todos los bolivianos, respecto de cómo constituir el poder político, el ejercicio de éste y los derechos y obligaciones de todos los que compartimos un mismo destino en Bolivia: gobernantes y gobernados. La soberanía reside en el pueblo y, se ejerce de manera directa y delegada, estableciendo el marco jurídico al cual los bolivianos, democráticamente, nos hemos obligado”.

“En este marco, nos asiste la preocupación sobre las consecuencias de la inadecuada administración de justicia, reflejada en los últimos fallos emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, razón por la que demandamos que se garantice la fuerza, supremacía y principios de la Constitución Política del Estado”.

La entidad gremial advirtió que el desconocimiento y la vulneración de la Constitución Política del Estado, no sólo afectan ese pacto supremo, sino que, generan incertidumbre y falta de credibilidad incidiendo, de manera directa, en los avances alcanzados y los objetivos que nos hemos planteado como sociedad democrática.

CREDIBILIDAD

Más adelante el documento difundido ayer, puntualizó que la falta de credibilidad en la administración de justicia ha sido ratificada en la votación del 3 de diciembre, hecho que debe llamarnos a todos los bolivianos a una profunda reflexión y a un trabajo concertado por restituir la confianza en el sistema. El resultado de la votación profundiza aún más la crisis del sistema judicial, dado que cuestiona la legitimidad de las autoridades electas y, sobre todo pone en entredicho, un proceso que pudiera haber sido la base de una reforma estructural de la justicia boliviana.

CONCERTACIÓN

En tal sentido, el órgano matriz del empresariado privado nacional, propuso un gran acuerdo de concertación para recuperar la institucionalidad del Órgano Judicial. “Reafirmamos, plenamente, nuestra esencia independiente de vínculos político-partidarios, como la base sustancial de la legitimidad de la institucionalidad privada nacional, a la vez que, refrendamos nuestro derecho a expresar nuestra opinión sobre los temas políticos cuando estos afectan a los valores democráticos, la estabilidad, la institucionalidad y, sobre todo, el bienestar del pueblo boliviano”.