Severo Tórrez, dirigente vecinal y querellante en este caso, puso en manos del Concejo Municipal de Oruro la responsabilidad de avalar o no la reincorporación del alcalde Bazán, que en su criterio "no corresponde" por las acciones negativas que la misma generaría, además de no tener una competencia atribuida.

"El gobierno municipal es la víctima, si (el alcalde) volvería va a influenciar de manera negativa en los funcionarios, va a entorpecer la investigación no solo en el caso ´Mochilas´, sino también en otros casos. Esto qué implica, que se va a dilatar, por eso no debe volver y las autoridades deben ver aquello", afirmó.

Según Tórrez, el proceso en el caso "Mochilas" que generó al municipio una afectación de 2 millones de bolivianos, por haber soslayado las normas nacionales en la compra irregular de 41.000 mochilas, quedó "estancado" con un avance investigativo mínimo, sin encontrar un fundamento por parte de las autoridades judiciales.

Por otra parte, aseguró que existe un promedio de 15 casos de corrupción, donde la víctima es el gobierno municipal, y que estos son de conocimiento de la instancia legislativa del municipio que también no habría actuado dentro de sus competencias.

"Nos llama la atención que el Concejo no cumpla su función y que por el contrario se estén dedicando a pelear entre ellos para gestar una ingobernabilidad, perjudicando aquí a los orureños. Ellos no han sido elegidos para eso", agregó.

Finalmente, agregó que lo correcto es aguardar, porque el proceso investigativo puede culminar determinando la culpabilidad o inocencia del burgomaestre, puesto que lo contrario solo implica generar mayor desconfianza en la población.