Pero naturalmente este derecho, como todos los demás, tiene sus límites en las normas legales y principios que no se los debe ignorar. Utilizar las instituciones como medio para hacer política está vedado éticamente y también en el campo institucional, ya que no es justo que se participe en política con la ventaja de ampararse o utilizar a una institución que tiene funciones específicas y permite a sus miembros el uso de armamento. Son los casos de las instituciones de seguridad nacional que en muchas oportunidades se apartaron de la ley.

El pasado año un alto jefe militar luego de entregar distinciones al presidente Evo Morales lo calificó como “patriota número uno del país”, Esta semana, el Comandante de la Policía comprometió el apoyo de los miembros de ese organismo a Evo Morales. Aunque el Comandante policial explicó que solamente quería agradecer por el apoyo a la institución, las evidencias muestran algo diferente. “Presidente, todo el apoyo de más de 37.000 hombres de la Policía Boliviana a este proceso de cambio, que es histórico y que tenemos que apoyar con la verdad y no con la mentira”, fue lo que dijo, según los medios de comunicación, el comandante general de la Policía, Faustino Mendoza, durante la entrega de equipo que efectuó el Presidente a esa institución.

Recordemos que como fuerza pública, la Policía Boliviana tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional. El artículo 251, de la Constitución Política del Estado señala que, “como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley”. Las acciones directas para una relación política entre el gobierno y las instituciones de seguridad se dan de varios modos. Por ejemplo, hace tiempo se conoció que un grupo de la directiva de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas (Ascinalss) selló un acuerdo con el masismo.

La oposición también se nutre de otras fuentes “non sanctas”. La Conferencia Episcopal de Bolivia pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que el 8 de diciembre, fecha en que se definirá la habilitación de candidatos a las elecciones primarias, cumpla el mandato del referendo del 21F y la Constitución, según el secretario adjunto del organismo clerical, José Fuentes. Pidió también que se deje de presionar al TSE. Esto sirvió para el presidente Morales ataque a los comités cívicos y a algunos integrantes del clero. “Que no usen ni la sotana ni el comité cívico para engañar al pueblo”, dijo el presidente. También lanzó duras críticas contra el “tata” Marcelo Bazán, al que calificó como un párroco que bloquea con un rosario algunas calles de Cochabamba y que también objeta la Ley educativa Avelino Siñani. Según una publicación el presidente reprochó que «un cura sentado, tratándonos de “wakabolas”, cuestione el modelo educativo». Naturalmente que si un cardenal ofrece el apoyo al oficialismo no genera reacciones en el gobierno, pero si en la oposición que lo adorna con nutridos adjetivos.

El laicismo es una conquista y un histórico avance cultural y político de la humanidad, y se plasma en la separación entre cualquier confesión religiosa y el Estado. Se trata de un principio legal que surge a partir del humanismo, las conquistas del renacimiento y la era de la ilustración. Actualmente, la separación entre la Iglesia y el Estado se encuentra plasmada en nuestro país con la Constitución Política del Estado. Una de cal y otra de arena, los policías deben cumplir su deber de brindar seguridad a la ciudadanía y los curas velar por su paz espiritual, aunque, dejando sotanas y uniformes, cada uno puede optar por la ideología que más le acomode.