Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón, sugirió a Mesa y a quienes formaron parte de su gobierno —entre ellos su abogado Carlos Alarcón— que “antes de victimizarse con este tema deberían dar las explicaciones que correspondan al pueblo boliviano y las instancias competentes”. Además agregó: “Aquí no hay tema de persecución política a nadie”.

El exmandatario, que hace poco agradeció la amnistía que dispuso el presidente Evo Morales en torno al caso Quiborax, ayer afirmó —tal como tituló la edición digital de El Deber— que “Evo quiere demolerlo para protegerse” y califica la investigación como “cortina de humo”.

La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional concluyó que en la firma de dichos contratos viales se encuentran involucrados los gobiernos de Mesa, Gonzalo Sánchez de Lozada y Eduardo Rodríguez Veltzé.

Sin embargo, Mesa considera que ese informe forma parte de una estrategia para afectar su postulación como candidato presidencial por el Frente de Izquierda Revolucionario (FRI).

Refiere también: Los gobiernos de Eduardo Rodríguez Veltzé y de Morales “intentan cargarme otra vez más el bulto de una responsabilidad que no tengo”.

Barón explicó que la comisión legislativa se limitó a indagar a partir de la investigación Castillo de Arena, que empezó en 2005 y que señala que la cuota 12 y las anteriores al parecer se pagaron durante la administración de Mesa.

El legislador considera que por el curso de la investigación “nadie debería estar nervioso”, y que más bien deben coadyuvar para aclarar estos hechos.

La Policía Federal de Brasil certificó, en abril, 51 pagos o coimas a funcionarios bolivianos por la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, que se adjudicó Camargo Correa, según un informe enviado a la comisión especial.