Entre las muchas consignas, de quien luego habría de desempeñarse como Vicepresidente de Bolivia, propalaba con su estilo deslumbrante, sobre todo para los menos avisados, aprovechando el espacio que el canal PAT le brindaba, aquella de raigambre gramsciana de que “la ley es la voluntad del poderoso hecha norma” –además de otras por estilo–. Me refiero, por si no quedó claro, al señor Álvaro García.

Analizando el proceder de este individuo desde que se hizo poderoso, hace más de 10 años, resulta obvio que el régimen, a instancias suyas, aplicó a rajatabla aquella prescripción. No obstante, los resquicios que dejaban algunas de tales normas jugaron también en contra del propio régimen. “Voluntad del poderoso” quiere decir imposición, vale decir todo lo contrario del “gobernar escuchando” que la propaganda masista quiso hacer creer. ¡Las winflas!

La mayor parte de las veces que normas impuestas por el régimen –tener dos tercios en el Congreso permite imponer cualquier barbaridad– cuya verificación quedaba en manos de la decisión del soberano, el régimen sufrió reveses vergonzosos de los cuales comienza a pagar factura.  Repitiendo recetas de regímenes afines, sin embargo, se las ingenió para salir deshonrosamente del fango mediante la emisión de otras leyes –“correctivas”, llamémoslas– que compusieran las anteriores. Este método es particularmente notorio –por su propio peso– en los mecanismos que utilizó para prologarse en el poder más allá de los límites constitucionales –establecidos en “su” Constitución–.

 Para el caso, el mecanismo más efectivo a su disposición fue la consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional, criatura hecha a su medida para satisfacer la voracidad de poder del régimen encabezado por el señor Morales Ayma. La retorcida imaginación de sus operadores ha llegado a inventar un “derecho humano a la reelección indefinida” que su brazo político de control de constitucionalidad, el susodicho TCP, ha dado por bendecido yendo contra toda doctrina en la materia y contra el propio sentido común, sólo con el propósito de burlarse del resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, que le fue adverso e intentar forzar la habilitación, por parte del Tribunal Supremo Electoral, del señor Morales Ayma, a las próximas (y sucesivas) elecciones.

Otro mecanismo “correctivo” de su derrota del 21F, ha sido utilizar la Ley de Organizaciones Políticas para el mismo propósito. Tal norma preveía la realización de elecciones primarias desde la subsiguiente elección general (hacia finales de 2024) –así lo manifestaron la expresidenta del OEP, Katia Uriona y uno de los consultores a cargo de la redacción de dicha ley, Carlos Hugo Molina–.

 Curiosamente, luego de una reunión en la residencia presidencial, en flagrante transgresión a la independencia de poderes, el propio tirano anunciaba la realización de tales comicios para este año, reglamento de convocatoria de por medio, acelerando tiempos y desactivando una formidable movida ciudadana en torno al 21F, ya que, dada la premura electoralista, algunas plataformas se entregaron al primer canto de sirenas que escucharon.

Ahora bien; comprendo que la maniobra que pretende legitimar la candidatura del sujeto que no quiere dejar el poder haya puesto a los actores políticos en una situación “Catch 22” (interpretación al uso: “te jodes si no lo haces; te jodes si lo haces”). Y bien, optaron por hacerlo –entrar al juego del régimen– a un costo altísimo en cuestión de lealtad para con el voto del soberano emitido el 21F. Y los primeros tropiezos están a la vista (continuará).

Puka Reyesvilla es docente universitario.