El criterio de los demandantes se centra en las observaciones realizadas por el vicepresidente del Concejo Municipal de Oruro, Saúl Aguilar, quien afirmó que la Ordenanza Municipal 016/2018 que designa a máxima autoridad municipal en condición de interina, no debió ser promulgada por la entonces concejal Sejas, ya que aún no ostentaba el cargo de alcaldesa.

Por tanto, se dijo que al ser un documento "ilegal", la administración municipal habría incurrido en una serie de irregularidades, inclusive afectando a alrededor de 15 funcionarios con la entrega de memorándums de despido.

"Hemos presentado hoy (ayer) una denuncia ante el Ministerio Público. Hay una figura penal en la forma de la promulgación, se ha cometido un gravísimo error, de las cuales las consecuencias vamos a ir viéndolas más adelante, porque la sanción (de la ordenanza) tenía que ser con la rúbrica del presidente y vicepresidente del concejo municipal", indicó Milton Ocaña, en representación de los funcionarios destituidos. Los delitos penales argumentados en la denuncia hacen referencia al uso indebido de influencias, anticipación y prolongación del cargo como también a resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.

Para corroborar la veracidad de lo manifestado, se destacó lo acontecido en el gobierno municipal de la ciudad de Cochabamba, donde posterior a la destitución del alcalde, José María Leyes, fue el concejo municipal quien aprobó una norma para designar una nueva autoridad al frente de ese municipio.

"Esto no queda ahí, de los actuados que ha realizado la señora Hilaria Sejas, ha empezado a suscribir documentos con diferentes denominativos, uno en calidad de alcaldesa, otros documentos como alcaldesa suplente y otros como alcaldesa interina en suplencia temporal. Al final cuál es el denominativo correcto que tiene la autoridad del municipio", añadió.

A partir de la denuncia presentada se aguardará un periodo de 48 horas para que esta sea analizada en su viabilidad a decisión del despacho judicial correspondiente.